Auditoria financiera de la Contraloría al SENA deja hallazgos fiscales por más de 2.000 millones

En una auditoria financiera de la vigencia 2024 sobre el SENA, la Contraloría determinó que dejó como resultado 11 hallazgos fiscales por 2.308 millones, 77 de carácter disciplinario y 2 con posible incidencia penal. Específicamente los resultados fiscales se concentran en la sede de Antioquía y Santander en las que se evidenciaron deficiencias en la gestión fiscal como debilidades de supervisión y ejecución de contratos, así como el manejo inadecuado de inventarios, problemas en el transporte y ausencia de soportes de pago.La Contraloría determinó que en el proyecto de ampliación del SENA en San Gil, Santander, hubo hallazgos fiscales por 1.008 millones correspondientes a recursos entregados a un tercero para la prestación de asistencia técnica y la administración de fondos. Por otro lado, en Antioquía se identificaron hallazgos con incidencia fiscal por 645 millones de pesos por la ausencia de 256 elementos en bodegas sin las respectivas resoluciones de baja.“La CGR emitió opinión negativa sobre los estados contables de la entidad, al no reflejar razonablemente, en todos los aspectos materiales, su situación financiera al 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, también se emitió una Opinión Presupuestal con Salvedades. Las principales incorrecciones que afectaron la opinión presupuestal corresponden a la constitución de reservas presupuestales sin el cumplimiento de los requisitos normativos, situación que impidió su refrendación y afectó los recursos de la vigencia 2024", resaltó la Contraloría.Sin embargo, en este proceso de auditoria, hubo impactos positivos de los recursos públicos y se lograron beneficios por un total de 4.958 millones. Por otro lado, la Contraloría General encontró serias irregularidades en dos contratos firmados por el SENA – Regional Magdalena, por un total de $2.493 millones, cuyo objetivo era construir almacenes en los centros de Gaira y Promoción Ecoturística. Aunque las obras comenzaron en 2023, actualmente están suspendidas y presentan múltiples fallas: no cuentan con estudios técnicos ni topográficos actualizados, se identificaron errores en las etapas precontractual y contractual, así como cambios no sustentados técnicamente.También se evidenció una deficiente labor de interventoría. Estas fallas ponen en riesgo la adecuada gestión de los recursos públicos y limitan el acceso a infraestructura educativa en condiciones óptimas. La Contraloría hará seguimiento para determinar posibles responsabilidades fiscales o disciplinarias.