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Una dura respuesta emitió el nuevo gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, tras el comunicado emitido por los ejecutivos de Colombia, México, Argentina y Bolivia en favor del saliente mandatario Pedro Castillo. En el comunicado se asegura que el fin de la administración de Castillo se debió a su intención de dar un golpe de Estado.
"Con relación al comunicado conjunto emitido por un grupo de países en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores puntualiza lo siguiente: las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado", indicó la comunicación.
De acuerdo con el nuevo gobierno de Perú, las actuaciones de Castillo fueron el desencadenante de la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia, la cual se dio en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política de ese país, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones.
Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron este lunes "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", al que aún consideran presidente de Perú y que ven como "víctima de un antidemocrático hostigamiento".
En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de "objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio" y pidieron que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano.
"Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas", dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que muchos vieron como un golpe de Estado, y fuera arrestado por ello.
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Con ese llamado, además, piden a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" y a las autoridades que "respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial".
Colombia, Argentina y Bolivia se suman así a la defensa que México viene haciendo desde los sucesos y las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que había autorizado dar asilo a Castillo, a la vez que retrasó el reconocer a Boluarte como presidente.
Por su parte Colombia, que en un primer momento condenó "todo atentado contra la democracia, venga de donde venga" tras el pronunciamiento de Castillo, luego a través de su presidente Gustavo Petro llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que le expidiesen medidas cautelares a favor del "presidente" Castillo.
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