En la resolución aprobada esta mañana en el Parlamento Europeo con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones a instancias de un grupo de diputados españoles de Partido Popular Europeo y que no tiene carácter vinculante, relata la situación en Colombia destacando que “Colombia ha sufrido dinámicas persistentes y cambiantes de violencia armada y terrorista, mientras la seguridad, el orden público y la situación humanitaria se han deteriorado tanto en zonas rurales como urbanas”.
El preámbulo de la resolución alerta sobre el incremento de la violencia en el país ligado grupos criminales como el ELN y disidencias de las Farc poniendo como ejemplo el atentado mortal contra Miguel Uribe, el carro bomba en Cali o el derribo de un helicóptero militar en Antioquia en el que murieron 12 policías. Los eurodiputados consideran que “estos hechos forman parte de un patrón creciente de ataques coordinados, destinados a desestabilizar las instituciones democráticas de Colombia ante las elecciones de 2026”.
En el texto se señala de manera directa al Cártel de los Soles de Venezuela como financiadores de estos grupos armados en Colombia para luego señalar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos considera a esa organización como un grupo terrorista global dirigido por Nicolás Maduro. Los legisladores recuerdan que algunos grupos ya figuran en la lista de organizaciones terroristas de la UE, como el ELN; y dada la actual situación exigen incluir a las disidencias de las Farc, así como al Clan del Golfo y al Cártel de los Soles en esa lista.
La resolución concluye con quince puntos donde se condena el asesinato de Miguel Uribe Turbay considerándolo como parte de un clima de violencia política y señala directamente al presidente Gustavo Petro al considerar que las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, la incitación al odio y la inestabilidad en el país.
Por último los eurodiputados expresan su preocupación por el aumento documentado de la violencia política contra candidatos y líderes en 2025, que puede socavar las garantías electorales y la confianza pública en las instituciones de gobierno para luego pedir medidas de seguridad sólidas para garantizar que las próximas elecciones de 2026 se celebren de manera libre y segura.
El texto recuerda que en Colombia persiste la impunidad y los obstáculos para acceder a la justicia en casos de violaciones y abusos graves de los derechos humanos; subraya que la lucha contra la impunidad es fundamental para evitar la repetición de actos delictivos y ataques terroristas, y para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos.
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