Tribunal abre diligencias previas a expresidente español Zapatero por vínculos con Maduro
Una querella atribuye al exmandatario una posible implicación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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La Audiencia Nacional inició actuaciones judiciales preliminares contra al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, decisión que se produce tras la presentación de una querella que lo relaciona con actividades presuntamente delictivas vinculadas al entorno del dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado por EEUU hace unos días.
La decisión ha sido adoptada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, el magistrado Antonio Piña, consideró procedente la apertura de diligencias previas con el fin de verificar los hechos denunciados y acordar las primeras actuaciones necesarias para su esclarecimiento.
El procedimiento parte de una querella presentada el 5 de enero por la asociación HazteOir, que atribuye al exmandatario español una posible implicación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según la acusación, estos hechos estarían relacionados con estructuras operativas del régimen venezolano.
El juzgado solicitó a la Fiscalía que emita un informe sobre la admisión a trámite de la querella. La Audiencia Nacional se considera competente para investigar los hechos al tratarse de un ciudadano español al que se le atribuyen actuaciones presuntamente cometidas fuera del país.
En su escrito, HazteOir solicita la adopción de medidas cautelares contra Zapatero, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Además, pide que el expresidente sea citado en calidad de investigado.
La asociación también reclama la declaración como testigos del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, todos ellos vinculados a investigaciones judiciales en curso.
Uno de los ejes centrales de la querella es la relación mantenida por Zapatero con Nicolás Maduro desde 2016. El escrito judicial recoge encuentros celebrados en Caracas durante varios años, tanto en sedes oficiales como en el marco de procesos electorales en los que el expresidente español participó como observador internacional.
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El régimen venezolano ha señalado públicamente a Zapatero como interlocutor habitual. En julio de 2025, Maduro difundió un mensaje en redes sociales en el que agradecía su papel en gestiones diplomáticas, entre ellas un intercambio de presos con Estados Unidos, hecho que la acusación incorpora como elemento contextual.
La querella dedica un apartado al análisis del patrimonio del expresidente. Según la declaración publicada en el Boletín Oficial del Estado tras su salida del Gobierno en 2012, Zapatero declaró bienes por algo más de 130.000 euros.
Sin embargo, la acusación cita investigaciones periodísticas que apuntan a un aumento significativo del patrimonio inmobiliario del entorno familiar en los años posteriores, con cifras que superarían varios millones de euros.
También se menciona la reciente adquisición de una vivienda de alto valor cuya titularidad registral figura a nombre de un tercero, circunstancia que la querella considera relevante.
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El escrito incorpora declaraciones atribuidas a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y al exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, quien ha asegurado ante la Audiencia Nacional que Zapatero tendría intereses económicos en Venezuela a través de intermediarios.
Asimismo, se incluyen manifestaciones de José Luis Ábalos sobre presuntas presiones para facilitar el rescate de la aerolínea Plus Ultra y referencias a una operación de traslado de oro investigada por la UCO, en la que se sitúan contactos con altos cargos del régimen venezolano.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si los indicios expuestos justifican ampliar la investigación o si procede archivar las actuaciones. El caso se encuentra en fase preliminar y pendiente del criterio de la Fiscalía y de las diligencias que acuerde el juzgado.