La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, Acrees, ha alzado su voz frente al reciente Decreto 0391 de 2025, emitido por el Gobierno nacional, el cual exige a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas avanzar en procesos de formalización laboral, pero sin garantizar recursos adicionales. Esta medida, que a primera vista representa un avance en materia de derechos laborales, se convierte en una carga insostenible ante el precario panorama financiero del sistema universitario público.
Actualmente, según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE), solo el 31,3 % del personal docente en universidades públicas pertenece a planta. El resto está vinculado mediante contratos ocasionales (27,1 %) o de cátedra (41,6 %), reflejando una estructura laboral precarizada. La meta de alcanzar un 70 % de docentes de planta requeriría una inversión superior a los tres billones de pesos, cifra que el decreto no contempla en el presupuesto general.
El déficit estructural del sistema universitario público colombiano ronda los 19 billones de pesos. Algunas universidades enfrentan situaciones críticas: la Universidad de Antioquia reporta un déficit acumulado de 340 mil millones, y la Universidad Nacional estima que necesitaría 226.000 millones de pesos adicionales al año para cumplir con el mandato de formalización. A esto se suma que más del 50 % del financiamiento de las universidades proviene de fuentes propias, lo que las obliga a depender de la venta de servicios y otros mecanismos de autofinanciamiento.
Para Acrees, imponer un mandato de formalización sin recursos compromete seriamente otras funciones esenciales de las universidades como la investigación, el bienestar estudiantil y la extensión. Además, señalan que los condicionamientos impuestos por el Gobierno para ejecutar el decreto afectan la autonomía universitaria y aumentan la sensación de improvisación en el manejo de la política pública en educación superior.
“La formalización laboral es un derecho justo, pero no puede maquillarse una deuda histórica sin respaldo financiero real. Sin planificación, financiación ni participación activa de las universidades, esta medida puede terminar profundizando la crisis del sistema”, concluye Acrees en su pronunciamiento.
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