Advierten riesgo de suspender compra de armas a EE UU: “Indumil no tiene capacidad para abastecer”

Desde la reserva activa de las fuerzas militares se emitió una advertencia sobre las implicaciones de la suspensión de compras internacionales de armamento, decisión adoptada por el actual Gobierno. Según el mayor en retiro, Germán Rodríguez, esta medida representa un riesgo inmediato para las operaciones militares en zonas de alta confrontación.En su pronunciamiento, Rodríguez señaló que la capacidad de la Industria Militar Colombiana (Indumil) es insuficiente para suplir los requerimientos de munición, repuestos y sistemas de defensa que demanda el actual escenario de conflicto. “Confiar exclusivamente en la producción nacional sin un plan de transición real es un riesgo estratégico”, afirmó.El oficial también indicó que la sustitución de proveedores o la expansión de la capacidad estatal no es un proceso inmediato. Aseguró que, por su complejidad, puede tomar varios años o incluso décadas. Frente a esto, advirtió que no se trata de un asunto que pueda resolverse por decreto ni mediante acciones diplomáticas.Uno de los aspectos que más preocupa al vocero militar es el vacío crítico que dejaría la medida en el corto plazo. Según Rodríguez, la suspensión de compras sin una alternativa viable afecta directamente el abastecimiento, el entrenamiento y el soporte técnico de las tropas desplegadas en el terreno.La advertencia también incluye un llamado sobre los efectos en la cooperación internacional. Rodríguez afirmó que la decisión del gobierno “afecta relaciones con países que proveen inteligencia, entrenamiento y logística”, lo que a su juicio debilita las operaciones conjuntas contra amenazas transnacionales.“Esto no es diplomacia, es un berrinche. Un berrinche que golpea nuestra relación con los aliados del norte y que, además, deja desprotegidos a nuestros soldados y policías que combaten en zonas críticas como Cauca, Arauca y Catatumbo”, expresó el mayor (r) Rodríguez.También hizo énfasis en las consecuencias para la población civil y los miembros de la Fuerza Pública en regiones con presencia de grupos armados.