Campesinos, afrodescendientes e indígenas de la zona rural del municipio del Charco, Nariño, negaron que en esa región del pacífico nariñense se este cumpliendo un paro armado y manifestaron que el cierre del comercio y prohibición de la navegabilidad del río Tapaje en esa población, que ya cumple una semana, obedece a un apoyo incondicional de los comerciantes y transportadores fluviales.
Integrantes del consejo comunitario pro defensa del río Tapaje, que lideran el paro en ese municipio costero, en diálogo con BLU Radio aseguran que la movilización de carácter permanente tiene como objetivo que la administración municipal, departamental y el gobierno nacional, instale una mesa de diálogo en donde se puedan discutir los 15 puntos del pliego de peticiones en donde uno de los temas principales es la urgente e inmediata desmilitarización del territorio.
“Aquí no le estamos haciendo el mandado a nadie, no somos obligados por nadie, solo estamos defendiendo el derecho a la vida y a vivir en paz y eso nadie no lo puede impedir”, dicen los campesinos tras pedir la mediación de la ONU y la Defensoría del Pueblo para evitar confrontaciones en la zona.
Los campesinos denunciaron, al parecer, atropellos por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública que llegaron a la zona para cumplir acciones de erradicación forzosa. Esto, sin antes concertar con la comunidad lo que produjo que los cultivadores de hoja de coca se opusieran a este propósito de la Fuerza Pública tras indicar que en los acuerdos de La Habana está contemplada una sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos.
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Aunque no se ha registrado enfrentamiento alguno entre la comunidad y los integrantes del Ejército, un portavoz del consejo prodefensa del río Tapaje aseguró que fue objeto de intimidación por parte de un soldado.
Por otro lado, un residente de la zona, que pidió que no se revelara su identidad, aseguró desde los consejos menores miran con entusiasmo y buenos ojos que la comunidad conoce y dimensiona el peligro que implica la estadía y posicionamiento de las FFMM por los antecedentes de violaciones a los DDHH y al DIH en diferentes momentos y lugares del rio y la región.
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"Saludamos y nos unimos a la movilización y protesta social, comunitaria y pacífica con el propósito de exigirle al Estado colombiano mayor inversión social y la salida del territorio de su aparato armado. Esto, siempre y cuando no se defina mediante la consulta previa normada en la ley 70 de 1993, exigencias condensadas en un pliego de peticiones que radica en 15 puntos, los cuales han sido invisibilizados por la autoridad civil y militar presentes en el territorio", dijo.
Los líderes del paro indicaron, en un extenso comunicado, que entendiendo que el territorio lo constituyen el sector rural y el casco urbano se establecen mecanismos para que la administración municipal, la Defensoría del Pueblo regional y la Personería atiendan el llamado.
"Saludamos a los y las comerciantes de río Tapaje que se unen con el cierre de las vías fluvial y del comercio de la cabecera municipal. Acciones que, por supuesto, afectan la dinámica del derecho a la libre movilización y el flujo comercial del municipio hacia centros poblados rurales y comunidades dispersas, pero más grave y crítico son las acciones de unas Fuerzas Militares que el mismo Estado colombiano está generando confinamiento en la población, señalamiento, retenciones ilegales, disparos a civiles, temor y zozobra dentro de las comunidades Tapajeñas", afirmaron.
Ellos dicen que el Gobierno Nacional, al enviar constante tropa a esa zona del pacífico nariñense, aumenta la incertidumbre y el accionar de permanecer en los territorios violando la autonomía y el reconocimiento a los consejos comunitarios como máxima figura territorial, mal interpretando la ley 70 como medida de protección colectiva a las comunidades negras del pacífico, interceptar lanchas, dispararles, retener miembros de nuestras comunidades sin orden judicial, tomar los vehículos y usarlos como miembros de transportes, estigmatizar y acusar a la población. Todo esto ha puesto en riesgo la paz y la tranquilidad de nuestro territorio colectivo, ancestral y cultural.
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Asimismo, precisan que con todo estos hechos que afectan el buen vivir y violan los derechos fundamentales y colectivos de nuestras comunidades tomaron la siguiente decisión:
"Declarar movilización permanente para que el gobierno municipal, departamental y nacional se sienten en diálogo con las entidades territoriales y juntos poder concertar una salida pacífica a toda la situación y el contexto por el cual está atravesando nuestro municipio y las comunidades, por lo tanto, presentamos y exigimos el cumplimiento del siguiente pliego de peticiones realizado por los consejos comunitarios del río Tapaje como apoyo al pliego presentado por los jóvenes del consejo de juventudes del río Tapaje", aseveraron.
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