La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, en el municipio de Aracataca, Magdalena, como consecuencia de recientes enfrentamientos entre los grupos armados autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC).
La entidad advirtió que los hechos confirman el riesgo alto señalado en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, donde se ha intensificado la disputa por el control territorial entre estructuras armadas ilegales.
De acuerdo con la Defensoría, aunque no se han reportado víctimas civiles hasta el momento, las comunidades continúan expuestas a graves riesgos, entre ellos la posible presencia de artefactos explosivos, la restricción de movilidad y la zozobra generada por los combates. Estas condiciones han obligado a varias familias a desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca y otros municipios cercanos.
“Si bien el censo de personas afectadas continúa abierto, se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reporta que otras familias se han desplazado hacia municipios vecinos. Las personas que permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a su movilidad debido a la presunta presencia de los grupos armados y a la realización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos celulares, mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas las motocicletas”, indicó la Defensoría.
La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para implementar de manera inmediata las recomendaciones de la alerta temprana y activar los planes de contingencia, con el fin de garantizar atención humanitaria de emergencia a la población desplazada. También solicitó el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para las víctimas, así como el fortalecimiento de la atención a menores por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Finalmente, la Defensoría instó a los grupos armados a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno nacional en los procesos de diálogo y a cumplir estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario. La entidad anunció que continuará con el monitoreo permanente de la situación para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
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