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El proceso licitatorio 001 abierto por la Cancillería desde el pasado 14 de abril ha sido sin duda uno de los más cuestionados del país. Pese a que Mañanas Blu 10 am había advertido desde el mes de mayo un presunto direccionamiento hacia la empresa Thomas Greg and Sons, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores siguió adelante con el proceso 001 con el que se contratara por cerca de 600 mil millones de pesos, la fabricación de visas y pasaportes.
Las denuncias sobre un pliego sastre para favorecer a los actuales proveedores no se hicieron esperar. Más de 500 observaciones fueron presentadas y ninguna fue resuelta de fondo.
El favorecimiento era tan evidente que un informe interno de 26 páginas proyectado por la Contraloría General y revelado por Mañanas Blu, cuando Colombia Está Al Aire, indicaba que aunque No existía riesgo de un detrimento patrimonial y que los puntos que sólo podía cumplir el actual contratista, era algo que debía ser investigado disciplinariamente por la Procuraduría y por la Fiscalía, de ser el caso.
Sin embargo, el informe por arte de magia fue modificado y la Contraloría emitió un control de advertencia asegurando que se podrían perder 600 mil millones de pesos, por lo que muchos sugirieron que el ente de control estaba favoreciendo a los proponentes y obligando al Ministerio a entregar dicha licitación.
El proceso tuvo tres suspensiones, la última fue levantada y en la que sería la audiencia de adjudicación la Cancillería sorprendió el canciller Álvaro Leyva declarando desierto el proceso. Tema llamativo teniendo en cuenta que ese proceso hasta la última suspensión estaba en cabeza el secretario General José Antonio Salazar, que brilló por su ausencia.
La molestia por la decisión de Leyva por parte de la empresa Thomas Greg and Sons no se hizo esperar, y de manera enérgica aseguraron que declarar el proceso desierto era algo contrario al derecho por lo que acudirían a la reposición y se verían las consecuencias administrativas y fiscales para el equipo jurídico de Cancillería.
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Y le cabe razón al único consorcio participante en la licitación, porque el proceso llego hasta la calificación de mil puntos por parte del Fondo Rotatorio para TG&S, dueño de ese contrato desde hace 17 años.
Cabe recordar, que a raíz de la suspensión de la licitación, el contrato tuvo que ser adicionado en tiempo y costo hasta el próximo 2 de octubre. Por tratarse de la segunda prorroga de contrato no podría haber una nueva prorroga. Esto significa que el Gobierno acude a la urgencia manifiesta y tendrá que resolver si le entrega “a dedo” el contrato al mismo proveedor.
¿Será esa la solución para evitar que se frene la expedición de visas y pasaportes desde el 3 de octubre? Cancillería tiene la última palabra.
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