Caravana UNP: víctimas de las Farc piden que se reactiven órdenes de captura a disidentes

Dos representantes de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc tutelaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al presidente Gustavo Petro, la fiscal Luz Adriana Camargo y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por los hechos registrados en Anorí, Antioquia, en donde varios guerrilleros de las disidencias se movilizaban con armas y grandes sumas de dinero en vehículos de la UNP. Además, mencionan en el documento que la asociación Fevcol ha sido víctima de constantes intimidaciones de Alexander Diaz Mendoza, alias ‘Calarca’.Entre los hechos relevantes de la tutela está la entrevista exclusiva que dio a Blu Radio alias ‘Calarcá’ en donde el líder de esta estructura criminal aseguraba que había apoyado políticamente la campaña del presidente Gustavo Petro.Exigen que se suspenda el cese al fuego con la estructura que comanda alias ‘Calarcá’, que se levante la suspensión de órdenes de captura contra sus miembros y que se les retire los esquemas de seguridad que había designado el Gobierno a los integrantes del grupo guerrillero que se encuentran en las mesas de negociación.“Ordenarle a la Fiscalía General de la Nación suspender la decisión y levantar las órdenes de captura en contra de los miembros del Estado Mayor Central de las Farc EP, Erlinson Echavarría Escobar, ‘Ramiro’ o el ‘Ruso’, cabecilla principal SE-18; Edgar de Jesús Orrego Arango, ‘Leo’ o ‘Firu’, cabecilla principal estructura-36; Omar Delgado Novoa, ‘Hermes Boyaco’, cabecilla del Frente ‘John Linares’, del Bloque comandante Jorge Suarez Briceño; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias ‘Erika Castro’; delegado del frente ‘Carolina Ramírez’; Juan Antonio Agudelo Salazar, Urías Perdomo, cabecilla frente ‘Rodrigo Cadete’; Wenser Yosony Duque, ‘Oliver González’, cabecilla de comisión frente ‘Raúl Reyes’; María Alejandre Ojeda Londoño, así como de los demás miembros de esta organización terrorista”, dice la tutela presentada ante el Tribunal.La Fiscalía General de la Nación informó el pasado martes que dejará libres a tres de los siete disidentes de las Farc capturados. Blu radio consultó a abogados penalistas que coinciden en que el levantamiento de órdenes no contempla que no haya acciones por otros delitos como el porte de armas que encontraron las autoridades en los vehículos y el más reciente anuncio de un menor al interior de una de las camionetas que habría sido reclutado.El abogado Francisco Bernate aclaró que el presidente de la República tiene la facultad de solicitar a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura para permitir la negociación con grupos al margen de la ley. Según Bernate, la Fiscalía actuó correctamente al suspender las órdenes de captura a solicitud del presidente. Sin embargo, expresó preocupación porque los detenidos fueron encontrados con armas, lo cual es un delito en Colombia a menos que se tenga un permiso especial. Por ello, insistió en que estas personas debían haber sido presentadas ante un juez dentro de las 36 horas siguientes para legalizar su captura en condición de flagrancia.Por otro lado, el abogado Marlon Díaz destacó que el debate no se centra en la suspensión de las órdenes de captura, sino en sí es posible suspenderlas por hechos que están ocurriendo. Díaz explicó que, según el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, una persona puede ser capturada en flagrancia si está cometiendo un delito. Este es el punto central de la discusión en este caso.