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Se necesita una reforma tributaria en Colombia y hay que discutirla racionalmente junto con otras medidas para que el próximo Gobierno reciba una situación "más despejada", advierte el Comité Autónomo de la Regla fiscal.
Los cálculos del Carf apuntan a que incluso para cumplir las nuevas metas del Gobierno nacional y llegar a un déficit fiscal de 6.2 % del PIB el próximo año se necesitará un ajuste de 33 billones de pesos en las cuentas. El comité no está incluyendo en esas cuentas la reforma tributaria que el Gobierno ha prometido llevar al Congreso el próximo 20 de julio y además advierte que si no se cumple la meta de recaudo de este año, se abre un hueco adicional en el próximo.
"¿De ese marco fiscal qué estamos viendo como esfuerzo inicial? La presentación de la reforma tributaria este año, que es la única manera que los ingresos provenientes de esa reforma entren a hacer parte de recursos de 2026 que está repartido entre los dos Gobiernos. Es importante que el nuevo Gobierno empiece con una situación fiscal un poco más despejada", dijo la presidenta del Carf, Astrid Martínez.
La discusión de la tributaria se da en un momento político complejo y en plena carrera por las elecciones presidenciales y de Congreso para 2026.
El Gobierno ha dicho que espera recaudar unos 19 billones al año con esa nueva reforma y que está considerando un paquete de medidas que incluyen una revisión a impuestos como el impuesto al consumo y el IVA.
"La preocupación sería que se logre pasar la reforma tributaria haciendo mucha pedagogía en el Congreso y mostrando todas las dificultades que hay en un análisis y una conversación racional, ojalá, sin consideraciones distintas de las técnicas: estos temas son puras, sumas y restas. Es como lo que le puede pasar a un hogar que decide que tiene que recortar el gasto, pero no tiene de dónde echar mano porque hay unos gastos que no puede recortar", agregó Martínez.
Según el Carf hoy el único gasto que realmente puede reducir el gobierno es la inversión pública, que debería ser protegida para fomentar el crecimiento económico y el bienestar de la población.
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La inflexibilidad del gasto se debe a disposiciones en leyes, decretos y hasta en la propia Constitución que amarran distintos gastos del Gobierno. La lista incluye transferencias a las regiones, regímenes especiales de pensión que no han sido modificado, aseguramiento en salud, entre otros. Para cambiar esa situación, advierte Martínez, es necesario que el país discuta decretos, leyes e incluso reformas constitucionales.
La decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal no contó con concepto favorable del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y llevó a que las calificadoras S&P y Moody's redujeran la nota de crédito al país.
Para el Carf es positivo que se hubiese revelado desde ya la magnitud del problema fiscal; sin embargo, más importante aún es que las medidas para reducirlo comiencen desde ahora. Actualmente, el país ya destina uno de cada 3 pesos que le llegan en ingresos a pagar deudas y, si el endeudamiento no baja, esa bomba seguirá creciendo.
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