Como parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una de las líneas de investigación es la que adelanta el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, contra cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara, señalados de -presuntamente- condicionar el voto sobre algunos proyectos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de la asignación de contratos a allegados suyos.
Esta investigación entró en una fase decisiva sobre el paso siguiente. Por ahora, terminó la etapa probatoria para la Sala de Instrucción de la Corte, por lo tanto, el paso siguiente será la sustentación que se hará con las pruebas recabadas hasta el momento, sin embargo, para que se concluya la investigación formal lo debe aprobar la sala.
De haber luz verde de la sala, el magistrado deberá decidir si llama o no a juicio los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, los representantes Karen Manrique, Wadith Manzur y Julián Peinado, además del excongresista Juan Diego Muñoz. Pero, como parte del proceso, los investigados tienen otra oportunidad, pueden apelar esa decisión, tal como lo hicieron en su momento los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Una de las opciones para extender el proceso, que pudiera intentar la defensa de los congresistas, es seguir en la práctica de pruebas, pero si la sala se ratifica en el cierre de la etapa probatoria, ahí llegaría la decisión de llamarlos o no a juicio.
Este caso particular se debe a que, presuntamente, para que los congresistas aprobaran créditos que requería el gobierno, se les otorgó, a través de la UNGRD, contratos por intermediarios en los municipios de Saravena, Arauca; Cotorra, Córdoba; y Carmen de Bolívar.