Colombianos deportados desde Ecuador tienen derechos y garantías: vicecanciller Jassir
La principal objeción del Gobierno colombiano es sobre la disparidad entre la información previamente comunicada de Ecuador y la realidad de los hechos.
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Una nueva fricción diplomática surgió entre Colombia y Ecuador tras la reciente deportación de 600 ciudadanos colombianos desde territorio ecuatoriano. Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller de Asuntos Multilaterales, calificó la acción como un "acto unilateral que se debía haber negociado de manera bilateral", subrayando una preocupante falta de coordinación y transparencia en el proceso.
La principal objeción del Gobierno colombiano radica en la disparidad entre la información previamente comunicada y la realidad de los hechos. Jaramillo explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que las autoridades ecuatorianas enviaron una comunicación el 8 de julio con 340 expedientes, pero el número de connacionales que finalmente llegaron ascendió a 603.
Esta brecha significativa no solo representa un desafío logístico, sino que también revela una falla en la comunicación bilateral. En ese sentido, mencionó que desde Colombia no hubo “ningún tiempo ni gradualidad” para tramitar con las autoridades locales la llegada de esas personas.
Por eso, destacó la imposibilidad de coordinar adecuadamente con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía colombiana. Aunque el presidente ecuatoriano Daniel Noboa había mencionado en enero de 2024 la posibilidad de "sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera”, Jaramillo enfatizó que el problema actual no fue tanto las condiciones "degradantes" en que llegaron, sino la "falta de información”.
“El número y obviamente la brecha que hay entre la información que recibimos el 8 de julio y con lo que nos terminamos encontrando”, sentenció el vicecanciller.
Una de las mayores preocupaciones que expresó el viceministro Jaramillo es la situación legal de estas personas una vez en territorio colombiano. Hizo hincapié en que, sin una orden judicial previa en Colombia, “no pueden ser judicializados”.
Así, rechazó contundentemente la idea de que estas personas estén "por ahí sueltos", instando a la prudencia y la responsabilidad.
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"A ver, yo hago un llamado para que a estas personas no se les estigmatice. Son connacionales, o sea, son colombianos; tienen derechos, tienen garantías. Hay una titularidad que nosotros no podemos poner en tela de juicio”, aseveró.
Debido a la falta de tiempo para cotejar expedientes con las autoridades judiciales colombianas, la Cancillería ha tenido un papel "limitado", enfocándose en "recibir y acompañar" su ingreso e, incluso, facilitando su traslado a sus lugares de origen.
Además, Jaramillo hizo un enérgico llamado a evitar la estigmatización de los deportados, pues recalcó que “son connacionales, o sea, colombianos, tienen derechos y tienen garantías”.
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