La llegada de Héctor Carvajal a ocupar una silla en la Corte Constitucional ha dejado varios sinsabores, varios sectores señalan que el abogado es una ficha clave del presidente Gustavo Petro al interior de la Corte donde están discusiones de intereses para el Gobierno como el futuro de la reforma pensional.
Al alto tribunal llegó una recusación contra el hace unos días elegido magistrado de la Corte, por supuesta falta de imparcialidad en el proceso que estudia la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.
La solicitud fue presentada por Alejandro Aristizábal Zapata, quien también interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la misma ley.
En su escrito, Aristizábal argumenta que la eventual participación del magistrado Carvajal en el proceso D-15989 que está a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez vulneraría los principios de imparcialidad judicial y debido proceso, dado que este habría emitido conceptos jurídicos en defensa de la norma antes de asumir su cargo como magistrado.
El ciudadano sostiene que Carvajal tuvo una relación profesional directa con Colpensiones, entidad que lideró la estructuración de la reforma, y que participó como asesor jurídico contratado para defender la constitucionalidad de la Ley 2381.
El contrato, valorado en 175 millones de pesos y vigente en 2024, contempló la elaboración de conceptos que fueron remitidos a la misma Corte para sustentar la exequibilidad de la reforma.
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Además, el escrito señala la estrecha relación profesional y personal entre el magistrado Carvajal y el presidente Petro, a quien representó como abogado en procesos clave desde 2013.
“Su cercanía y confianza personal con el presidente: más allá de la relación estrictamente profesional, existe una cercanía personal y un vínculo de confianza excepcional entre el magistrado al que yo estoy recusando y el presidente Gustavo Petro. Diversos medios de comunicación nacionales e internacionales han dado cuenta de que el doctor Carvajal forma parte del círculo íntimo del presidente Petro, refiriéndose a él como “uno de sus más cercanos colaboradores”, “hombre de confianza” e incluso “abogado de cabecera” del presidente durante varios años”, señala la recusación.
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También se advierte que Carvajal fue ternado al cargo de magistrado precisamente por el Ejecutivo lo cual, según Aristizábal, refuerza la percepción de un posible sesgo a favor de la constitucionalidad de la norma cuestionada.
La recusación se fundamenta en tres causales previstas en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991: haber conceptuado previamente sobre la norma demandada, haber intervenido en su expedición y tener interés en la decisión.
La petición solicita que se aparte al magistrado Carvajal del conocimiento del caso y que se tomen medidas para garantizar un quorum imparcial.
Ahora, la Corte Constitucional deberá decidir si admite la recusación y, de ser así, si separa o no a Carvajal del proceso, la decisión será clave no solo para este expediente, sino también para el debate más amplio sobre la independencia judicial en el control de reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo.
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