Ecopetrol firmó un contrato con la empresa estadounidense Covington & Burling LLP quienes se iban a encargar de revisar los riesgos reputacionales que tiene la empresa con las autoridades americanas, derivados de las investigaciones en curso contra el presidente de la petrolera, Ricardo Roa. La Contraloría advirtió irregularidades en los pagos luego de una auditoría, donde evidenciaron que, posibles irregularidades en la ejecución.
El contrato se firmó el 21 de febrero del 2025 y la junta directiva de Ecopetrol solicitó la suspensión del convenio un mes después, pese al giro de más de 1,5 millones de dólares que hizo la petrolera a la firma, sin haberse entregado los informes finales y sin evidencia de haberse cumplido el objeto contractual.
De acuerdo con el ente de control, gran parte de los pagos realizados se sustentan en horas declaradas por el contratista, pero no en soportes que acrediten la prestación del servicio. La Contraloría advirtió que esto genera dudas sobre el objeto real del contrato, pues no se puede establecer si realmente cumplieron con lo que se había pactado o se realizaron otro tipo de prestaciones
Así mismo, la suspensión del contrato no se rige en las condiciones establecidas dentro de la empresa, pues no existe un acta de suspensión formal integrada en el expediente contractual.
Por todo esto, el ente de control emitió una alerta de control interno, ya que la contratación no estaría cumpliendo el servicio de asesoría en la revisión de políticas, procesos y discusiones relacionadas con las autoridades estadounidenses. Razón por la cual, la Contraloría dio a Ecopetrol un plazo de 5 días hábiles desde el envío de la notificación, para emitir una respuesta y sustentar el objeto del contrato con la firma Covington & Burling.
Cabe aclarar que si la petrolera no contesta en el plazo establecido, el ente de control entenderá como aceptada la advertencia y remitirá el caso a las autoridades competentes para que se impongan las respectivas sanciones.