Contraloría halló detrimento patrimonial en Judicatura por sede en Soacha
Detrimento sumaría cerca de $13.000 millones. En Zipaquirá se abrió indagación preliminar por fallas similares.
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Contraloría advirtió al Consejo Superior de la Judicatura sobre el estado de las dependencias en Cundinamarca.
La Contraloría General entregó el informe de la auditoría para el 2017 al Consejo Superior de la Judicatura, en el que mencionan dos problemas graves con las sedes judiciales de Soacha y Zipaquirá.
En Soacha, aunque se terminaron las obras, el palacio judicial de ese municipio no tiene servicios públicos ni vía de acceso, por lo que no ha podido empezar operación para beneficiar a los ciudadanos. El ente de control calcula el detrimento en $13.488 millones.
En Zipaquirá la historia no es muy diferente. La Contraloría abrió una indagación preliminar para investigar por qué hubo fallas graves en el edificio que tendrán que ser reparadas con nuevas inversiones.
Vea aquí: Contraloría ratifica resultados negativos de Reficar en 2017
La Contraloría asegura que las labores de supervisión en el Consejo Superior de la Judicatura “son débiles”, aunque hubo intención de tomar correctivos. La consecuencia directa es para las personas que no pueden acceder a su derecho a la justicia con facilidad.
El contralor Edgardo Maya señaló en un comunicado que se trata de “un factor de riesgo para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado”.
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El Consejo Superior de la Judicatura es la entidad encargada de administrar la rama de Justicia y de todo lo que tiene que ver con los registros y el historial de los abogados profesionales. Tiene una sala administrativa compuesta por seis magistrados, y una sala disciplinaria que tiene siete magistrados, cada uno para un periodo de ocho años.