Contraloría pide información a la Universidad Nacional por contrato de vigilancia privada

La Contraloría General de la República solicitó a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia un amplio paquete de documentos y explicaciones sobre el proceso de contratación de vigilancia y seguridad privada para todas sus sedes, un proceso cuyo valor asciende a $98.614 millones y que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. La petición formal se realizó mediante un oficio enviado el 12 de noviembre, en el que la entidad requirió detalles de cada fase del proceso, actas, cronogramas, criterios de evaluación, modificaciones realizadas y soportes técnicos que hayan sustentado las decisiones administrativas.El llamado de la Contraloría se da luego de que múltiples denuncias advirtieran presuntas irregularidades en el desarrollo del contrato, adelantado bajo la modalidad de negociación global de precios. Entre los señalamientos se encuentran posibles modificaciones indebidas a documentos oficiales, falta de publicidad en la plataforma SECOP II, exigencias desproporcionadas a los oferentes y eventuales actos de favorecimiento hacia una unión temporal, hechos que comprometerían los principios de transparencia, libre concurrencia y legalidad que rigen la contratación estatal.Uno de los puntos más delicados tendría que ver con la modificación del acta de cierre del proceso, publicada inicialmente el 17 de octubre de 2025 a las 12:46 de la tarde y sustituida horas después, a las 3:06 de la tarde, sin que mediara una resolución, adenda o aviso público. La sustitución coincidió con una solicitud de ajustes por parte de la Unión Temporal EAC, que habría modificado su propuesta económica y la garantía de seriedad, lo que según denunciantes constituye una vulneración al debido proceso y un favorecimiento directo a un proponente. El periodista Melquisedec Torres advirtió públicamente que se habría alterado una propuesta por más de $27.000 millones, hecho que también fue denunciado formalmente por el representante profesoral Diego A. Torres ante la Procuraduría.En su oficio, la Contraloría solicitó además a la Universidad Nacional remitir todas las actas de propuestas, los criterios utilizados para asignar puntajes, las observaciones recibidas y las respuestas emitidas. También recalcó que la información no debe enviarse por medios como Google Drive, recordando el cumplimiento obligatorio del artículo 99 de la Ley 42 de 1993, que establece sanciones en caso de omisión o entrega incompleta de datos requeridos para procesos de vigilancia fiscal.Los denunciantes también señalan que el proceso habría excluido de manera injustificada a varias empresas debido a exigencias que consideran desproporcionadas o ajenas al objeto contractual. Entre ellas mencionan certificaciones ISO no esenciales, visitas técnicas obligatorias, acreditaciones propias de empresas integradoras de tecnología —lo cual iría en contra del Decreto 356 de 1994 que regula la vigilancia privada— y obligaciones contractuales sin contraprestación económica, contraviniendo la Circular 445 de 2024 de la Supervigilancia. Estas condiciones, sumadas a que el proceso se adelantó en temporada vacacional y recibió una única propuesta, han encendido alertas sobre la pluralidad y transparencia del proceso.¿Qué dice la Universidad Nacional?A través de un comunicado, la institución reconoció que se cometieron algunos errores en los soportes recibidos, así como en la transcripción del acta de cierre publicada, pero que estos fueron ajustados en "concordancia con los principios de eficacia y publicidad" el 17 de octubre."A la fecha, el acta continúa publicada en la plataforma oficial del proceso", añade la institución en el documento.La Universidad Nacional enfatizó que ha actuado dentro del marco legal para preservar la objetividad y transparencia en sus procesos administrativos.