Corte insiste a la Cámara por pruebas de la pensional y Benedetti arremete contra Ibáñez

La Corte Constitucional, a través de un auto firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, volvió a requerir a la Cámara de Representantes información clave sobre el trámite legislativo que dio origen a la Ley 2381 de 2024, norma con la que se creó una de las reformas bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Pensional.El alto tribunal estudia una demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia, quien advirtió que el debate en la Cámara de Representantes no cumplió con los procedimientos exigidos por la Constitución.La sala plena ya había identificado un vicio en la discusión plenaria y por ello le ordenó a la corporación allegar las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, esta fue la razón por la cual el ministro del Interior, Armando Benedetti, se fue contra el magistrado Jorge Ibáñez y lanzó duras acusaciones en su contra.“Ibáñez está cometiendo acoso, hostigamiento contra el estado social de derecho, contra los 3 millones de viejitos que se beneficiarían por el bono pensional y contra el mismo Gobierno. Cuando yo conocí a Ibáñez, y todavía lo sigo pensando, conocí a una persona inteligente, muy inteligente, muy preparado, Pero actualmente las vísceras se lo están corroyendo porque resulta que no hace sino atacar y hostigar al gobierno”, dijo Benedetti.Ahora bien, en distintas ocasiones el Gobierno ha acusado a la Corte de querer frenar la pensional, pero lo cierto es que el alto tribunal esta requiriendo una serie de pruebas y documentos para anexar al estudio de la demanda que pide tumbar la ley.Incluso, las demoras se han presentado desde otros sectores, como por ejemplo, la Cámara de Representantes porque la Corte Constitucional reitera mediante sus autos la petición de estas pruebas.Hasta el momento, la Cámara solo ha enviado constancias de votación y reportes nominales, pero no la certificación formal de aprobación de dichas actas ni los órdenes del día en los que fueron discutidas.En consecuencia, el magistrado Ibáñez dio un plazo de dos días a la presidencia de la Cámara para que entregue: i) una certificación clara sobre si las actas fueron aprobadas o no, con la fecha, número de votos requeridos y obtenidos, y el estado actual del trámite; y ii) copia de los órdenes del día en los que se incluyó la aprobación de las actas 256 y 257.Hasta que eso no ocurra, la Corte Constitucional no iniciará entonces con el estudio primero si se subsanó o no el vicio de trámite por el cual fue devuelta esta reforma, ni podrá entrar a estudiarla de fondo o debatirla.