Presidente de la Corte responde a Petro por críticas a solicitud de pruebas en la reforma pensional

La relación entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes sumó un nuevo episodio de fricción. El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, respondió con firmeza a las críticas que el jefe de Estado le hizo por ordenar la recolección de nuevas pruebas dentro del proceso que estudia la constitucionalidad de la reforma pensional.En un auto, Ibáñez no solo defendió su actuación, sino que amplió por tres días hábiles el plazo para que ciudadanos y autoridades puedan intervenir en el caso, aportar elementos y garantizar que el tribunal cuente con todos los insumos antes de tomar una decisión de fondo. “No corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público, y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política”, afirmó. El magistrado añadió que, bajo el principio de buena fe, confía en que el presidente y sus ministros únicamente buscan que se tramite la acción pública de constitucionalidad.La controversia surgió luego de que Petro asegurara que Ibáñez “desconfía del presidente de la República” y, más aún, que “por su odio ideológico” no puede actuar como juez imparcial. Las críticas del mandatario se originaron en la decisión del magistrado de ordenar, entre otras diligencias, verificar si el presidente se encontraba en Colombia en las fechas en que se convocaron las sesiones legislativas.De hecho, la Corte Constitucional confirmó que recibió esa información, pero la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) advirtieron que está amparada por “reserva legal”, por lo que no se hará pública.El trasfondo del choque está en las advertencias del mandatario sobre la celeridad del trámite judicial, que, a su juicio, podría poner en riesgo la entrada en vigor de la reforma pensional, una de sus principales banderas legislativas. Sin embargo, desde la Corte recalcan que las decisiones se han adoptado en estricto derecho y con el objetivo de garantizar la independencia del tribunal.