La Fiscalía de laCorte Penal Internacional , CPI, publicó un informe en el cual habla sobre los avances en el país en materia de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
Dice que la justicia ha dado “pasos significativos” para investigar estos delitos pero que la Fiscalía de ese alto tribunal internacional continuará haciendo seguimiento al caso colombiano.
La información analizada desde noviembre de 2020 indica que las autoridades colombianas en general han adoptado pasos significativos para abordar conductas que constituyen crímenes de la CPI. Las autoridades colombianas parecen haber hecho avances en la investigación de conductas que subyacen a los casos potenciales identificados por la Fiscalía.
Sin embargo, dice la Fiscalía de la CPI que existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, violación y otras formas de violencia sexual, tortura, secuestros, entre otros.
Por esta razón, asegura el alto tribunal, estará en contacto con autoridades colombianas para concluir si deberá abrir una investigación.
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Por otro lado, el ente investigador de la CPI también constata que el nivel de violencia en zonas rurales, incluyendo áreas previamente ocupadas por las FARC-EP, ha aumentado significativamente.
Según la información disponible, entre las principales causas del aumento de la violencia están las disputas en curso por el control de economías ilícitas entre múltiples grupos criminales y organizaciones criminales transnacionales.
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Informa la CPI que, hasta noviembre de 2020, la JEP había dictado 35.015 decisiones relacionadas con siete macro casos relativos a delitos representativos relacionados con el conflicto y a otros aspectos procedimentales.
Además, que la JEP señala que 12.625 personas han firmado actas de sometimiento ante ella, incluidos 9.767 miembros de las ex FARC-EP, 2.733 miembros de las fuerzas armadas y otros 115 agentes del Estado.
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Por otro lado, que la Fiscalía colombiana les informó que, a octubre de 2020, estaba llevando adelante un total de 2.683 casos contra civiles o agentes del Estado que no eran miembros de las fuerzas públicas por crímenes relacionados con la promoción, apoyo o financiamiento de grupos ilegales.
De ellos, informó que 1.329 estaban activos, mientras que otros 1.354 estaban inactivos.
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Sobre falsos positivos, hasta septiembre de 2020, la Fiscalía informó a la CPI estar llevando adelante un total de 2.314 casos activos33 contra 10.949 miembros del Ejército, involucrando 3.966 víctimas de muertes de “falsos positivos” , entre ellos casos iniciados en períodos objeto de informes anteriores.
Esto representa 46 casos más que los informados a la Fiscalía en octubre de 2019.
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La Fiscalía General de la Nación señaló que el aumento en el número de casos obedece a la asignación de investigaciones anteriormente llevadas adelante por la Justicia Militar, así como también a la reactivación de casos en los que se dieron pasos procesales, como por ejemplo sentencias.
Incluso, revela la CPI, que la Fiscalía indicó, sin mayor especificación, que a septiembre de 2020, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tenía en curso 29 casos contra 22 generales del ejército, por los denominados falsos positivos.
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Finalmente, dice la CPI que recibió información de organizaciones de la sociedad civil expresando su preocupación por la falta de coordinación y cooperación dentro de las jurisdicciones en Colombia y entre ellas; la necesidad de estandarizar las actividades investigativas entre todos los macro casos que lleva adelante la JEP, así como también establecer criterios claros para evaluar las contribuciones a la verdad.
Asimismo, información sobre los desafíos respecto de la capacidad de investigar y enjuiciar terceros civiles en el marco del sistema de justicia ordinario.
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Incluso, que las organizaciones de la sociedad civil también han manifestado su preocupación por la presunta suspensión de facto de las actividades de investigación por parte de la Fiscalía respecto de crímenes relacionados con el conflicto que se consideran parte del análisis de la JEP.
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