Corte rechaza proyecto de sometimiento del Gobierno: “No ha tenido suficiente discusión”

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un voto desfavorable frente al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia, que propone un tratamiento penal diferenciado para miembros de grupos armados organizados y estructuras criminales de alto impacto.La presidenta de la Sala Penal, magistrada Myriam Ávila Roldán, representó la postura del alto tribunal durante la sesión del consejo superior de política criminal.El proyecto de ley busca establecer reglas para el sometimiento colectivo a la justicia, incluyendo beneficios para financiadores y colaboradores, bajo la política de paz total.Sin embargo, la Corte cuestionó la viabilidad y conveniencia de la iniciativa, al considerar que no ha sido objeto de una discusión suficiente ni cuenta con los consensos necesarios, dada la sensibilidad del tema y sus posibles efectos en la política criminal del país.Entre los principales reparos, la Corte señala la falta de justificación operativa y fiscal del articulado, así como la ausencia de claridad sobre cómo se implementaría la iniciativa dentro de la rama judicial ordinaria, que tendría a su cargo gran parte de las responsabilidades.También se criticó que no se evidencien acercamientos previos con jueces y fiscales para evaluar la factibilidad de la propuesta.“En criterio de la presidenta, al interior del consejo superior de política criminal, el contenido de la propuesta no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación. Igualmente, consideró que se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”, indica un comunicado del alto tribunal.Asimismo, la Sala Penal advirtió sobre la inconveniencia de mezclar elementos propios de la justicia transicional con asuntos de la justicia ordinaria y temas de seguridad ciudadana, como el procesamiento de personas involucradas en disturbios o protestas sociales.Aunque el proyecto se inscribe en el marco de la Ley 2272 de 2022, que define la paz total como una política de Estado, la Corte insiste en que debe explicarse por qué los modelos legales existentes son insuficientes para alcanzar los objetivos que persigue el Gobierno con esta nueva normativa.