El acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC enfrenta uno de sus momentos más críticos. La raíz de esta crisis parece residir en las crecientes críticas por parte del antiguo secretariado de las FARC hacia la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP), a la que ha acusado de desviar el espíritu de lo acordado en el histórico acuerdo de paz firmado en 2016.
La situación ha escalado recientemente con declaraciones de figuras claves como Rodrigo Londoño y el senador Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como ‘Carlos Antonio Lozada’, quienes han señalado directamente a la JEP de intentar socavar el acuerdo. Esta postura sugiere una posible estrategia de la antigua guerrilla de presionar al Gobierno para la creación de una ley de punto final que pondría término a su sometimiento a la JEP, evitando así su sujeción a la justicia ordinaria.
El exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, contribuyó al debate con una columna en el periódico El Espectador, en la que analiza la situación actual del proceso. Dijo que la JEP podría estar perdiendo su enfoque original. Este giro hacia un tribunal maximalista, según Reyes, dista mucho de su propósito inicial de sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
En un intento por encontrar soluciones a esta encrucijada, el expresidente Juan Manuel Santos propuso una reunión de todos los involucrados en el acuerdo de paz para discutir salidas a la crisis. Esta reunión ya tiene fecha, pero aún pendiente de confirmación por parte de las FARC. La reunión contaría con la participación de figuras como Humberto de la Calle, el exjefe negociador del Gobierno en La Habana, y miembros del antiguo secretariado del grupo guerrillero, así como representantes de la JEP, el Gobierno actual, Naciones Unidas, y países garantes del acuerdo.
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El objetivo de esta convocatoria es buscar un consenso que permita la expedición de decretos o leyes que armonicen con lo establecido en el acuerdo de paz, sin contravenir los compromisos internacionales adquiridos, especialmente aquellos bajo el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Esto porque desde el Gobierno y las antiguas Farc han planteado un tribunal de cierre y le de punto final. La situación es crítica si se tiene en cuenta que algunos de los más influyentes del antiguo secretariado de las Farc dicen que no hay nada que hablar con la JEP y que solo se sentarán a hablar con el presidente Gustavo Petro.
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