Un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $16.776 millones de pesos, estableció la Contraloría General de la República como resultado de la acción de vigilancia y control fiscal sobre los más de un billón de pesos asignados por el Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas durante 2015 a junio de 2019.
La Contraloría encontró 638 hallazgos disciplinarios, 45 de ellos de carácter penal y concluyeron que solo 57 de las 200 entidades territoriales auditadas manejaron adecuadamente los recursos.
Además, encontraron que la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión para la comunidad indígena.
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En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas se presentaron deficiencias, entre ellas la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.
Por otro lado, hay debilidades en la estructuración de esos proyectos de inversión porque no presentan un cronograma de ejecución de los proyectos, carecen de metodología y no especifican la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados.
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El año pasado, el contralor Carlos Felipe Córdoba ordenó la acción de vigilancia, donde, según este informe final, no se ve el resultado e impacto de estos recursos asignados.
Del presupuesto auditado en las cinco vigencias, es decir, $1,04 billones, se ejecutó el 63.69%, unos $662.702 millones de pesos.
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