El jefe negociador del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Farc, Humberto de La Calle, aseguró que
La propuesta de decreto habla de darle más dientes y velocidad al proceso de extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica y social de la tierra. Básicamente, el Gobierno podría quitarle su propiedad a alguien por contaminar el agua o el suelo, o por no producir nada con ella. Sin embargo, el dueño podría venderla al Gobierno hasta por el 80 % del avalúo catastral antes de que se la quiten sin pagarle nada.
Según de La Calle, la delegación del Gobierno siempre partió de que se protegería el derecho a la propiedad privada y por eso varias de las disposiciones del decreto van en el sentido opuesto.
"Puntualizar este contexto que se dio en el marco de las conversaciones de La Habana con la antigua guerrilla de las Farc, me permite señalar que el proyecto de decreto, al entregarle funciones jurisdiccionales a la Agencia Nacional de Tierras pone en riesgo las salvaguardas que se pensaron originalmente para proteger el derecho a la propiedad privada y le resta importancia al trabajo que la Jurisdicción Agraria está por realizar en los territorios", dijo De La Calle en una carta a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
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"Este tema fue tan relevante que hizo parte de las observaciones de los voceros del 'No' luego del plebiscito. El nuevo texto del acuerdo incluyó de manera textual que el uso de las figuras de expropiación administrativa y la extinción administrativa de dominio por inexplotación solo se aplicarían de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes", agregó.
Por ejemplo, el senador consideró que no se respeta el debido proceso; que el Gobierno excede sus facultades al crear nuevas causas para la extinción de dominio y que la ANT se creó para hacer titulaciones masivas y no individuales.
Por cuenta de esta propuesta, se tensionaron las relaciones entre Fegedán y el Gobierno al punto que fue necesaria la intervención de la Comisión del Paz del Senado para sentar a las partes en una mesa de diálogo.
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El Gobierno dijo que su apuesta principal es la compra de 1.5 millones de hectáreas que se pagarán al avalúo comercial y no la expropiación.
El acuerdo de paz prometió tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
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