Defensoría advierte dudas sobre ejecución y efectividad de sentencia a exdirigentes de las Farc
La defensora del Pueblo reiteró que la Defensoría del Pueblo acompañará a las víctimas en este proceso para asegurar que las sanciones restaurativas de ocho años se cumplan.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció frente a la histórica sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que declaró responsables a siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestro cometidos en el marco del conflicto armado.
Marín destacó que, la decisión judicial los declaró responsables de crímenes de guerra como toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad, entre los que figuran privaciones graves de la libertad, desapariciones forzadas y asesinatos.
La defensora también recogió los reclamos de las víctimas, quienes han exigido que los exjefes guerrilleros asuman con mayor profundidad su responsabilidad en hechos de violenciasexual.
Recordó que, por la figura de responsabilidad de mando, los exintegrantes del secretariado fueron igualmente declarados responsables por delitos de guerra como tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, desplazamiento forzado y violencia sexual, además de otros actos inhumanos tipificados como de lesa humanidad.
Iris Marín, defensora del Pueblo //
Foto: Defensoría del Pueblo
Sobre la sanción impuesta, Marín precisó que se trata de una pena restaurativa de ocho años, que no implica cárcel, pero sí restricciones verificadas por la JEP, y que corresponde a la máxima sanción dentro de este modelo de justicia transicional.
No obstante, advirtió que persisten dudas sobre la efectividad de la sentencia, en particular frente a cómo se compaginan estas sanciones con el ejercicio político.
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Según la funcionaria, se requiere mayor claridad sobre las condiciones prácticas y operativas que garanticen las restricciones de movilidad, la delimitación de espacios territoriales y la supervisión efectiva de la sanción, a cargo de la JEP y de la Misión de Verificación de la ONU.
Finalmente, Marín reiteró que la Defensoría del Pueblo acompañará a las víctimas en este proceso para asegurar que las sanciones restaurativas de ocho años se cumplan de manera íntegra y efectiva, y que representen un paso real hacia la verdad, la justicia y la no repetición.