Durante la presentación del informe sobre el acuerdo de paz, la Defensoría advirtió que, aunque al Fondo de Tierras han ingresado 1’912.839 hectáreas de tierra para entregar a los campesinos, el 80 % de esta se concentra solo en seis departamentos. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que la presencia de grupos armados ilegales ha generado retrasos en los compromisos.
Con ocasión de la presencia de grupos armados ilegales en distintos territorios que dificultan e impiden la ejecución de los programas; como ocurre con la ejecución de las órdenes judiciales que disponen el retorno de las víctimas o la sustitución de cultivos ilícitos, para mencionar tan solo dos de estas afectaciones. Lo que genera retrasos en algunos de los compromisos y, por ende, en el cumplimiento cabal de lo pactado en el Acuerdo final
La Defensoría también señaló que hay un desbalance de recursos en distintas zonas donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues mientras en la subregión Sierra Nevada-Perijá se ha invertido el 13.4 % del total de los recursos, en otras subregiones como Pacífico medio y el sur del Tolima se ha dado menos del 3 % de la inversión.
Por otro lado, durante la presentación de este informe, también se le hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, para que dé continuidad a las políticas públicas y exista una construcción a partir de lo ejecutado en el actual Gobierno.
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“El balance que ahora se presenta es una invitación también al nuevo gobierno para persistir en lo positivo y de esta manera garantizar la implementación del acuerdo, y por ende lograr el propósito de construir la paz que anhela la nación colombiana”, aseguró el defensor Camargo.
De igual forma, dentro los desafíos para la implementación de los acuerdos, se planteó la necesidad de ejecutar acciones que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales del país y medidas para disminuir los homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes y lideresas defensores de derechos humanos y a la población en proceso de reincorporación.
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