En un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo reafirmó que la independencia judicial es un pilar vital del Estado Social de Derecho y una garantía clave para la protección de los derechos fundamentales. La entidad advirtió que jueces y juezas deben ejercer con total libertad, sin presiones indebidas ni descalificaciones personales que puedan minar su autonomía o la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
La Defensoría subrayó que, en una sociedad democrática, es esencial reconocer y proteger el papel de las mujeres en la jurisdicción. “Cuando una juez es objeto de señalamientos estigmatizantes por razón de género o por el contenido de sus decisiones, se vulnera su dignidad personal y se perpetúan barreras históricas que impiden una justicia verdaderamente equitativa”, sostiene el comunicado.
El pronunciamiento hace referencia directa a la jueza encargada del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, resaltando que todas las decisiones judiciales, independientemente de su contenido, deben ser acatadas y respetadas. Estigmatizarla por ejercer su rol es, según la entidad, una forma de violencia institucional que amenaza la independencia judicial y debilita el Estado de Derecho.
La comunicación concluye enfatizando que “la justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran” y que solo con ese respeto se garantiza el orden constitucional, la dignidad y la seguridad de los funcionarios judiciales.
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