Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgo electoral en más de 600 municipios del país
El documento identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente.
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La Defensoría del Pueblo advirtió este martes que más de 600 municipios del país tienen distintos niveles de riesgo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la 'Alerta Temprana Electoral 2025-2026', un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y en la presencia territorial de la institución en los más de 1.100 municipios del país.
El documento identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente.
Para explicar los distintos niveles de atención, Marín utilizó una metáfora médica: "Hay municipios en cuidados intensivos que se pueden salvar con una acción institucional también intensiva; otros deben ir a urgencias, a citas prioritarias o a controles mensuales, pero ninguno puede desatenderse", afirmó.
Las alertas tempranas son el principal instrumento de prevención y advertencia temprana de la Defensoría del Pueblo para evitar que los conflictos armados, el crimen organizado o la violencia política deriven en violaciones de derechos humanos.
En diálogo con Mañanas Blu, la defensora Iris Marín aclaró que la variación radica en las aproximaciones metodológicas utilizadas.
La defensora explicó: "Bueno, son metodologías distintas. Seguramente en un análisis de los municipios con mayor eh acción prioritaria necesaria, seguramente vamos a coincidir. El análisis del sistema de ofertas tempranas tiene en cuenta muchas variables, no solo las digamos estrictamente relacionadas con el sector defensa y orden público, sino también las necesidades de protección especial a diferentes poblaciones que participan en el proceso electoral, mujeres, firmantes de paz, jóvenes, y tienen cuenta, además como una protección integral desde el enfoque de seguridad humana y no solo de seguridad física.
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Un factor crucial en la evaluación del riesgo es la presencia de grupos armados ilegales (como el Clan del Golfo, Disidencias y el ELN) y la criminalidad organizada en el territorio. Según la Defensoría, "puede haber presencia de grupos armados ilegales o de criminalidad organizada en más de 700 municipios," lo que representa prácticamente dos terceras partes del país.No obstante, la defensora hizo un llamado a evitar la simplificación del diagnóstico, enfatizando la necesidad de matizar la naturaleza de esta presencia:
"Sí, es una presencia que es eh muy variable y creo que esto es bien importante porque generalmente se simplifica diciendo, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo dijo que más de 700 municipios están dominados por grupos armados. Eso nosotros no lo podemos afirmar. Hay, por ejemplo, municipios como ciudades capitales, como Bogotá, como Cali, como Bucaramanga, como Medellín, que tienen presencia de criminalidad organizada y y en ciertos contextos especialmente barriales puede haber una limitación de las libertades políticas de algunas poblaciones. Hay otros lugares rurales donde el dominio es más hegemónico y el control es más amplio. Entonces, justamente la idea de esta alerta nos preocupamos mucho porque hubiera una matiz de acuerdo a las necesidades de cada municipio y la necesidad sobre todo de la acción estatal."
El informe resalta que el riesgo no solo se materializa en áreas rurales de conflicto hegemónico, sino también en centros urbanos donde la criminalidad organizada puede limitar las libertades políticas en contextos barriales.
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Escuche aquí la entrevista: