La Defensoría del Pueblo, entidad que vela por los derechos humanos de los colombianos, le envió una carta a Otty Patiño, alto comisionado para la paz y jefe negociador del Gobierno con el ELN y a Camilo González, jefe negociador del Gobierno con las disidencias de la Farc, manifestando su preocupación por el aumento de personas secuestradas durante el último año en zonas en las que operan estos grupos armados.
El secuestro es una de las prácticas más represivas que vulneran el derecho internacional humanitario (prohibición de toma de rehenes civiles) así como los derechos a la integridad y la libertad no solo a las víctimas directas, sino también a sus familiares y el entorno social que lo rodea. Es una práctica que no puede aceptarse por parte del Estado colombiano frente aquellos grupos que pretenden obtener beneficios para la búsqueda de la paz
En la carta defensoría, la Defensoría del Pueblo identificó a 91 personas que han sido secuestradas durante el 2023 en distintas zonas del país donde operan los grupos armados al margen de la ley con los que el Gobierno tiene instalado una mesa de negociaciones, destacando que en este reporte se tiene conocimiento de por lo menos tres menores de edad, que permanecen secuestrados.
Además, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las mesas de negociación insistiendo tratar como prioridad la identificación de las personas que están secuestradas por los grupos armados con los que se están en negociación, así como su liberación, esto como una muestra Clara de voluntad con el objetivo de llegar a en el país.
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