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Al Consejo de Estado llegó un documento de 56 páginas por parte de la Defensoría del Pueblo, firmado por Iris Marín, que es la cabeza de la entidad, donde le pide al alto tribunal la nulidad de la resolución con la que el presidente Gustavo Petro designó como gestores de paz a 16 exintegrantes de las AUC.
Entre los 16 designados se encuentran antiguos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’, ‘Macaco’, ‘Don Berna’, ‘Diego Vecino’ y ‘El Alemán’, varios de los cuales fueron excluidos del proceso de Justicia y Paz por reincidencia delictiva o incumplimiento de compromisos con la verdad, la reparación y la no repetición.
“En el presente caso, la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz. Conforme al contenido de esta resolución, ello conlleva a 16 personas que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley, personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos”, señaló la Defensoría.
La demanda también sostiene que la decisión presidencial altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que “mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos”.
El Consejo de Estado deberá determinar si acepta esta demanda de la Defensoría del Pueblo contra esta polémica resolución para eventualmente estudiarla de fondo.
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