La resolución 327 de 2025 designó como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy, responsables de miles de crímenes durante el auge del paramilitarismo. La decisión del Ejecutivo se enmarca en el esfuerzo por dar un cierre definitivo a la desmovilización de las AUC, iniciada en 2003, y por aprovechar su experiencia en el conflicto para prevenir nuevas violencias.
Entre los nombrados están:
- Salvatore Mancuso, excomandante nacional de las AUC, extraditado a EE. UU. por narcotráfico y procesado en Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad.
- Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', líder del Bloque Norte, señalado por masacres y desapariciones en la Costa Caribe.
- Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', jefe del Bloque Cacique Nutibara, vinculado a la Oficina de Envigado.
- Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', del Bloque Central Bolívar, procesado por desplazamientos masivos y masacres.
- Freddy Rendón Herrera, 'El Alemán', comandante en Urabá, vinculado a casos de parapolítica.
- Hernán Giraldo Serna, jefe del Frente Resistencia Tayrona, condenado por violencia sexual, homicidios y narcotráfico.
- Otros nombres como Ramiro Vanoy, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate, Edward Cobos Téllez y los hermanos Buitrago completan la lista.
Los excomandantes acumulan condenas por homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores, narcotráfico y desplazamientos. Algunos estuvieron en cárceles de Estados Unidos tras ser extraditados en 2008; otros han participado en el marco de Justicia y Paz o en procesos ante la JEP.
El Gobierno argumenta que su rol como gestores permitirá consolidar compromisos de verdad, reparación y no repetición, en un intento de cerrar un proceso de paz inconcluso que dejó vacíos y nuevas violencias en las regiones.
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La medida ha generado reacciones encontradas. Para críticos, designar a exparamilitares con amplios historiales criminales representa un mensaje de impunidad y revictimización. Para el Ejecutivo, en cambio, se trata de un paso necesario para garantizar que quienes un día lideraron la guerra aporten ahora a la construcción de paz.
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