Una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia católica recorrieron varias zonas del Catatumbo para constatar en terreno el impacto que están teniendo los enfrentamientos armados sobre la población civil.
Durante el recorrido por los corregimientos, la misión evidenció en Versalles, que desde el paro armado decretado por el ELN en diciembre de 2025, la circulación está restringida, las familias permanecen encerradas y no entra comida, ni gas. En Pacelli no hay transporte y la economía está paralizada. Ademas, la situación de salud es grave ya que no hay personal médico.
En Filogringo, en El Tarra, las organizaciones señalan que los habitantes han huido, ya que los recientes enfrentamientos dejaron casas destruidas y restos de artefactos explosivos regados por las calles, incluso sin detonar. Adicionalmente, en el casco urbano de El Tarra y en sectores como el kilómetro 16, se registró la llegada de familias desplazadas que aun no reciben ayuda humanitaria.
“Muchas personas, inclusive jóvenes, niños y niñas se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates. Muchas de las personas afectadas son migrantes venezolanas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso humanitario debido a su condición migratoria”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín.
Por su parte, Brigitta Von Messling, de la Misión de Verificación de la ONU Norte de Santander, hizo un llamado a los grupos armados a respetar los derechos humanos de los colombianos. “Hacemos un llamado a todos los grupos armados a cesar las afectaciones y las violencias contra la población civil, a respetar el Derecho Internacional Humanitario”.
Desde la Iglesia Católica, el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, pidió frenar la confrontación armada y escuchar a las comunidades. “Es necesario que volvamos a reconocer la grandeza de nuestro pueblo y sepamos valorar y respetar a nuestros campesinos que claman por la paz en este territorio, quieren movilizarse por las diferentes vías, quieren educación para sus hijos, quieren vivir en paz y quieren recuperar la tranquilidad en sus casas”, afirmó.
Finalmente, las organizaciones le hicieron un llamado urgente al estado para que adopte las medidas necesarias que protejan a la población, además de presencia permanente en el Catatumbo.
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