Por primera vez, las Defensorías del Pueblo de Ecuador y Colombia emitieron una alerta temprana conjunta, debido a la situación de orden público que se vive en la frontera y afecta a las comunidades en los dos países, pero sobre todo a los integrantes de la comunidad Awá. Cerca de 23.000 indígenas están en riesgo en territorio colombiano y otros 5.000 en el vecino país, razón por la que piden que las autoridades tomen medidas de manera conjunta para evitar sobre todo el reclutamiento de menores.
"En la actualidad, la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las Farc, el ELN y grupos de crimen organizado causan que las comunidades de la gran familia Awá sean víctimas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; ataques contra la vida e integridad física de los líderes y miembros de las comunidades awá; accidentes derivados de la contaminación del territorio por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados; además de desplazamientos forzados y confinamientos", señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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Los grupos armados y del crimen organizado llevan a cabo, además, actividades ilícitas en la frontera relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal de bosques, aprovechando la poca presencia del Estado y las condiciones geográficas de la zona, que les permiten realizar sus actividades sin ser detectados fácilmente.
"Las presiones a las comunidades indígenas y afrodescendientes que imponen los actores armados, aprovechando su influencia y los férreos ejercicios de control territorial y poblacional, dificultan su desarrollo comunitario. Por eso, recomendamos, entre otras cosas, al Ministerio del Interior de Colombia y al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador, con el acompañamiento de las Cancillerías de ambos países, que se tramite de manera inmediata la presente Alerta Temprana ante las autoridades de ambos países para la protección integral, atención humanitaria, mitigación de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades del pueblo awá”, explicó Camargo.
También registraron algunas recomendaciones para los Ministerios de Defensa de ambos países con el fin de que se tomen medidas de manera urgente que permitan la protección de las comunidades en riesgo y garantizar que en los casos donde se haya presentado algún delito se avance en los temas de investigación y no repetición.
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