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En medio de la crítica situación de seguridad en el país, siendo el último dato de Indepaz —que incluye al senador Miguel Uribe Turbay— de 95 líderes asesinados hasta agosto de este año, la Unidad Nacional de Protección y la Presidencia de la República, a través del Fondo Paz, firmaron un convenio para “garantizar la seguridad de los miembros representantes de las mesas de negociación que tiene el Gobierno, sus gestores de paz, así como los voceros designados en los espacios de conversación con las estructuras ilegales. Lo anterior, debido al alto riesgo que corren estas personas al exponerse en espacios públicos como consecuencia del trabajo que vienen realizando en diferentes zonas”.
Cabe mencionar que el Gobierno de Gustavo Petro adelanta diferentes procesos de paz en el marco de la política de paz total, a través de la Consejería liderada por Otty Patiño. Actualmente, se han autorizado cuatro mesas de diálogo sociopolíticas y cinco espacios sociojurídicos de conversación.
No todos los procesos siguen vigentes, porque algunos, como el del ELN, se han suspendido. Se mantienen negociaciones de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, las bandas criminales de Medellín y Buenaventura, y el Clan del Golfo, este último en fase exploratoria. También adelanta diálogos con el frente 33 de las disidencias de Calarcá y Andrey, así como con los Comuneros del Sur, una facción disidente del ELN.
El contrato en mención se firmó por un aporte económico, por parte del Fondo Paz, de 6.050 millones de pesos, mientras que la Unidad Nacional de Protección aportará en especie, es decir, hombres y vehículos ($477 millones).
En el convenio se lee: “Esta colaboración se centra en la prestación de servicios, asegurando la provisión de medidas de protección mediante trámites de emergencia emitidos por la UNP y/o apoyos eventuales, la cual incluye personas y vehículos de protección, chalecos de protección balística y medios de comunicación. El servicio descrito y las medidas de protección necesarias se deberán ejercer de manera ininterrumpida, garantizando los aportes de las partes para el pago de las medidas de protección debidamente implementadas durante la vigencia del convenio”.
Según Secop, el plazo del contrato iniciaba el 20 de junio de este año y se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se acaben los recursos destinados.
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