A través de un pronunciamiento, los jueces destacaron que el trabajo de los defensores públicos es fundamental para garantizar el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia, en especial para las personas que requieren una defensa técnica adecuada y carecen de recursos para contratar un abogado particular.
El documento advierte que, a la fecha, los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, situación que se ha traducido en el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales.
Según los jueces, esta afectación se ha profundizado desde el momento en que dejaron de recibir honorarios acordes con la importancia de su función y con los incrementos que consideran justos.
En ese sentido, los jueces penales señalaron que los defensores públicos, en su condición de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal, al advertir que no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
“No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señaló el comunicado de los jueces.
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