Federico Restrepo, exgerente de EPM entre 2008 y 2012 e ingeniero civil, ha lanzado una propuesta central en su aspiración al Senado de la República: la creación de un blindaje legal para las juntas directivas de las empresas comerciales e industriales del Estado. Ante la situación actual de compañías como Ecopetrol, Restrepo busca evitar que los gobiernos de turno utilicen su mayoría accionaria para imponer visiones ideológicas que, según él, atentan contra el patrimonio nacional.
Un "candado" legal para la estabilidad institucional
La propuesta de Restrepo consiste en un proyecto de ley que obligue a que todas las empresas de propiedad estatal o mixta, ya sean del orden nacional, regional o local, se sometan a normas estrictas de gobierno corporativo que no puedan ser modificadas a discreción por el gobernante vigente. El candidato argumenta que actualmente los gobiernos actúan como "estado accionista" y cambian estatutos para elegir miembros de junta "a dedo", por lo cual propone que estas entidades mantengan una independencia similar a la del Banco de la República.
Para lograr esto, el proyecto plantea modificar cuatro leyes fundamentales: la Ley 142, la Ley 143, la Ley 1118 (específica de Ecopetrol) y la Ley 489 de función pública. El objetivo es que las políticas de gobierno corporativo queden, en palabras del aspirante, "con candado y bajo llave" para preservar el valor patrimonial a largo plazo.
Requisitos de idoneidad y periodos cruzados
Uno de los puntos más críticos de la iniciativa es la definición de criterios técnicos para quienes integran las juntas y las representaciones legales. Restrepo califica como "un chiste" que en Ecopetrol se nombren personas cuyas declaraciones públicas son contrarias al objeto social de la empresa, como la exploración y explotación de hidrocarburos.
Bajo la nueva ley, los miembros de junta deberían cumplir con:
- Periodos cruzados o traslapados de 4 o 5 años para que su permanencia no coincida exactamente con el periodo del gobierno nacional.
- Formación y competencia técnica comprobada para el cargo.
- No haber sido funcionarios públicos en los dos años anteriores a su nombramiento.
- Independencia política, asegurando que no sean militantes activos que pongan la ideología por encima de la sostenibilidad de la compañía.
Pragmatismo frente a la transición energética
Respecto a la tendencia de fondos activistas y decisiones gubernamentales que buscan frenar proyectos como el fracking, Restrepo aboga por el pragmatismo y realismo. Menciona que incluso gobiernos de izquierda en la región, como los de Brasil y Chile, defienden sus ingresos provenientes de la minería y el petróleo por su importancia económica.
Escuche aquí la entrevista:
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