Según el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se identificaron 35 eventos de conflictos sociales asociados al contexto preelectoral en Bogotá y en municipios de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
De acuerdo con el informe, la mayoría de estos hechos están relacionados con acciones contra la oposición política, tensiones derivadas de la polarización entre sectores con posturas políticas distintas, controversias por la inscripción de candidatos y situaciones que afectan el derecho a elegir y ser elegido.
En cuanto a las formas de manifestación, la Defensoría señaló que predominan plantones y concentraciones, aunque también se han registrado daños a vallas electorales, disturbios en protestas, afectaciones a sedes de campaña, marchas y sabotajes en actos políticos.
Aunque la mayoría de estas manifestaciones han sido de carácter pacífico, la entidad advirtió que algunos episodios recientes han incluido agresiones, daños materiales y enfrentamientos entre simpatizantes, lo que refleja un escenario de tensión latente que podría escalar en medio de la jornada electoral o durante el proceso de escrutinio.
Entre los factores de riesgo identificados están: “pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias y decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, nuevas demandas que cuestionen la contabilización de votos en determinadas circunscripciones electorales, tensiones durante actividades proselitistas en distintos territorios, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o manifestaciones pacíficas en fechas cercanas a las elecciones, que podrían afectar la movilidad de las y los ciudadanos y de las autoridades electorales o del material electoral que podrían incidir el normal desarrollo de la jornada”.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para adoptar medidas preventivas oportunas que permitan garantizar el ejercicio libre del derecho al voto, la protección de los derechos humanos y el normal desarrollo del proceso electoral.
“En este sentido, resulta fundamental promover canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y actores políticos, con el fin de tramitar de manera temprana las tensiones que puedan presentarse en los territorios y así evitar escenarios de escalamiento de la conflictividad social”.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a partidos políticos, candidaturas y a la ciudadanía “para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral sea tramitada exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un marco de respeto por la diferencia política y la convivencia democrática”.
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