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Cada vez son más comunes las denuncias en las que los trabajadores indican que las empresas toman medidas o decisiones que pueden atentar contra sus derechos, afectando en gran medida sus labores diarias o simplemente su libre desarrollo, por lo que un proyecto de ley busca cambiar esta situación.
Ante esto, el Proyecto de Ley 153 de 2025, mismo que está en trámite en la Cámara de Representantes, expone un marco normativo entre las empresas y los derechos humanos en el país. Según se expone en el documento, la idea es poder garantizar la protección a las personas y comunidades frente a impactos negativos que derivan de actividades empresariales.
Según indica el proyecto, cuya iniciativa es del congresista Alirio Uribe Muñoz, se busca que las empresas respeten los derechos humanos en sus operaciones y relaciones comerciales, por lo que se establecen obligaciones legales en prevención, respeto y reparación por violaciones a derechos humanos que sean causadas de manera directa o indirecta.
Con esta ley, las empresas tendrán que ser más conscientes de sus acciones, por lo que deben tomar medidas para prevenir violaciones por medio de mecanismos de identificación de riesgos, consultas a comunidades afectadas, transparencia en operaciones y protocolos internos de monitoreo y corrección.
Por su parte, están obligadas a eliminar prácticas como el trabajo infantil, la discriminación, el acoso laboral, la vigilancia abusiva, el despojo forzado, entre otros. Adicionalmente, deben garantizar la libertad sindical, así como la participación ciudadana y el respeto por el medio ambiente.
Ante esta normativa, las empresas no podrán realizar las siguientes prácticas:
Desde hace muchos años, las empresas han logrado evitar la manifestación y protesta de parte de sus empleados. Sin embargo, de aprobarse la nueva normativa, los empleadores deberían garantizarles el derecho a sus trabajadores de poder protestar y formar sindicatos, además de contar con otros derechos.
Por su parte, entre las sanciones se pueden presentar multas, cierre de operaciones, inhabilidad para contratar con el Estado, revocatoria de licencias y publicación obligatoria de las sanciones. Pero eso no es todo, pues también se podrían retirar las licencias ambientales o mineras si se comprueba daño a comunidades o violaciones sistemáticas.
Inicialmente, los más beneficiados por este proyecto de ley son los trabajadores en general, al evitar caer en abusos de poder corporativo, así como las comunidades étnicas, campesinas, trabajadores, defensores de derechos humanos, mujeres y grupos vulnerables.
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De esta manera, la ley golpea directamente a las empresas que no tienen protocolos de derechos humanos, a compañías que subcontratan sin supervisión, operan en zonas de conflicto sin debida diligencia o que niegan responsabilidad en su cadena de valor. También a grandes grupos económicos que se beneficien de vacíos normativos o del abuso de estructuras societarias complejas.
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