Esposa del asesor político de María Paula Correa pasó de oficinista bancaria a megacontratista

Después de trabajar cinco años como profesor, contratista y miembro de UTL en el Congreso, Andrés Mauricio Mayorquín, un abogado bogotano a quien un exalto funcionario del Gobierno define como “alguien que se sabe mover y que conoce a los que hay que conocer” llegó a la Presidencia como asesor en la Consejería para Asuntos Políticos.

Luego de que BLU Radio revelara la lista de millonarios contratos que obtuvo la esposa de Andrés Mayorquín la Casa de Nariño confirmó el funcionario fue desvinculado de su cargo de asesor y trabaja hasta este martes 11 de enero en el Dapre.

La historia comenzó en septiembre del 2021 después de que el Gobierno eliminó esa y otras dos consejerías, Mayorquín ganó poder. Sin la figura del consejero para Asuntos Políticos terminó siendo los ojos y los oídos de María Paula Correa en el Congreso, pues su labor consiste en hacer seguimiento del proceso legislativo, del comportamiento de los congresistas y del curso de los proyectos que más le interesan al Gobierno.

Es una tarea de pura cocina política. Por su preparación académica y trayectoria laboral es una persona idónea para el rol. Conoce bien los secretos y los pasillos del Congreso.

Mayorquín está casado con Karen Liseth Vaquiro, una economista caqueteña egresada de la Universidad Sergio Arboleda en el 2017 y quien se convirtió desde enero del 2020, tres meses después de que su esposo llegara a la Presidencia, en contratista de más de quince entidades del Estado.

Antes de eso, la única experiencia laboral que Vaquiro certifica es haber trabajado 20 meses en el Banco de Bogotá como gerente de oficina, ganando tres millones seiscientos mil pesos ($3.600.000) como último sueldo devengados según el mismo banco; así como otros siete meses en Link Consultores SAS, una empresa en la que ella y su esposo son fundadores y representantes legales.

No obstante su limitada experiencia, la joven economista, desde enero de 2020, ha firmado 24 contratos con el Estado. El primero de ellos fue con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por un valor de 88 millones de pesos y en noviembre del 2021 firmó el más reciente que fue con la Aeronáutica civil por un valor de 10 millones de pesos. De los 24 contratos de acredita Vaquiro, 22 han sido por contratación directa y dos por Contratación de Régimen Especial. En total los contratos adjudicados a esta economista suman 1,245 millones de pesos.

Revisando el objeto de varios de sus contratos es evidente que las obligaciones e intereses laborales de la señora Vaquiro orbitan alrededor del congreso en donde su esposo el abogado Mayorquín se mueve en representación del Gobierno.

De hecho, para un contrato con la Agencia nacional de Tierras de julio del 2021 por 32 millones de pesos, Vaquiro fue contratada para: “Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras para brindar acompañamiento y seguimiento a los tramites legislativo ante el Congreso de la República que sean de interés para la Entidad”. La misma historia se repite con el contrato que tiene en la Gobernación de Cundinamarca firmado en mayo del 2021 por 62 millones pesos. Igualmente sucede con otro contrato en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá por 56 millones de pesos. En todos esos contratos, Vaquiro debía velar por los intereses legislativos de varias entidades teniendo de pareja a la persona que quizás mejor conoce y maneja la telaraña política en el congreso.

En la historia hay mucho más que un extraordinario salto de ingresos y contratos de Karen Vaquiro desde que su esposo llegó a trabajar a la Presidencia. Primero, hay un evidente conflicto de interés entre los trabajos de la pareja que jamás se registró. En varios contratos parte de su tarea es brindar análisis y asesoría sobre los proyectos de ley relacionados con la entidad contratante. En un contrato firmado en enero del 2021 con el DPS una de sus obligaciones es: “Apoyar a la Dirección General en el análisis de información y datos estratégicos en el marco de las solicitudes de información que realice el Congreso de la República”. O esta otra obligación que consta en el mismo contrato: “Apoyar a la DIRECCIÓN GENERAL en el seguimiento de los proyectos de Ley que cursan en el Congreso de la República, relacionados con el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, así como de sus entidades adscritas, de acuerdo con la asignación que efectué el supervisor del contrato”.

Se trata de una persona que debía conocer y asesorar para cumplir con muchos de sus contratos el quehacer legislativo y su trámite en las comisiones. También debía brindar informes y consultoría para muchas entidades. Todo eso mientras su esposo (Andrés Mayorquin) se encarga de articular y velar por los intereses del Gobierno en el Congreso. Un privilegio en términos de información delicada y apalancamiento profesional que pocos contratistas se pueden dar.

Segundo, por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades Vaquiro no podía firmar dos de sus 24 contratos. Uno con el DAPRE en la Consejería Presidencial para la Participación con Personas con Discapacidad por 53 millones de pesos y otro con la misma Consejería por 44 millones de pesos. El artículo 8 de la ley 80 de 1993 es claro: “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. (…)”. Andrés Mayorquin, su esposo, trabajaba para el DAPRE en el momento en que se ganó esos dos contratos.

Tercero, una irregularidad en la que incurrió la señora Vaquiro, obedece a las respuestas que dio en la declaración de bienes, rentas y registros de conflictos de interés que todo contratista debe llenar: diligenció no tener actividades de carácter privado pero de acuerdo a los documentos es la representante legal de Link Consultores SAS.

También negó tener “Cónyuge o compañero permanente”. Si bien pudo actualizar o corregir esa información posteriormente, es claro que las entidades que la contrataron inicialmente se valieron de esa información para valorar sus asesorías. La otra curiosidad es que su perfil en Función Pública está caído actualmente. Podría decirse que no existe. ¿Por qué?

Por último, lo más delicado de esta prematura y exitosa carrera como contratista es la cuestión de la idoneidad. Hablamos de más de 1,200 millones de pesos con 16 entidades distintas del Estado. Fondos que tienen una cadena de vigilancia y orden de gasto con muchos funcionarios en medio. Decenas de personas avalaron la contratación de alguien que no cuenta con experiencia en el sector público para realizar una multiplicidad de tareas que escapan de su resorte profesional.

El régimen de contratación directa de apoyo a la gestión es claro en expresar que esa figura se debe usar de manera extraordinaria cuando una entidad requiera contratar un servicio en el cual nadie de la planta tenga el tiempo o la capacidad para realizar. Vaquiro, con apenas dos años de experiencia como analista financiera en un banco, en un abrir y cerrar de ojos, terminó siendo contratada en la Agencia Nacional de Tierras, el Icetex, la presidencia del Senado, la alcaldía de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca, el Dapre, el DPS, los Ministerios de Justicia, de Deporte y de Cultura, el Archivo General de la Nación, la Esap y la Aeronáutica Civil, entre otras entidades. Son en suma 24 contratos ganados en 22 meses por 1.243 millones de pesos.

El tiempo coincide con la llegada de su esposo Andrés Mauricio Marroquín a ser la mano derecha de la persona más poderosa del Gobierno Nacional después del presidente: la jefe de gabinete de presidencia, María Paula Correa.

Nota: Tras la revelación de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, la Casa de Nariño confirmó la desvinculación del funcionario.

Por: Sebastián Nohra @SebastianNohra

Escuche este informe en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: