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En agosto de 1998 fueron secuestrados 28 policías y militares en la base de Miraflores, Guaviare. 18 años después el Consejo de Estado condenó a la Nación porque los uniformados no estaban preparados para repeler el ataque.
La Nación deberá pagar a los soldados y sus familias más de 8.000 millones de pesos, pues según el alto tribunal, el Estado no brindó protección a estos miembros de la Fuerza Pública que fueron sometidos a tratos inhumanos por parte de los insurgentes, como por ejemplo obligarlos a comer con vidrios dentro de los alimentos.
El Consejo de Estado, además, consideró que estos soldados no debieron ser víctimas del tipo de tratamientos, por lo que exigió a las Farc pedir perdón por este tipo de tratos en cautiverio.
Los magistrados también advirtieron que las Farc deberán explicar el trato inhumano que le dieron a los secuestrados.
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Por estos hechos, el ministro de Defensa deberá realizar un acto público para pedir perdón a los ex secuestrados y sus familias.
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