Estos son los retrasos, sobrecostos y pleitos legales que afectan a tres vías del país
Los proyectos Buga–Buenaventura, Antioquia–Bolívar y Río Magdalena 2 enfrentan trabas millonarias, pese a que gran parte de los corredores ya fue entregada.
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Tres concesiones viales del país reconocieron que enfrentan dificultades para completar sus proyectos.
Se trata de los corredores Buga–Buenaventura, Antioquia–Bolívar y Río Magdalena 2, donde se reportan retrasos, conflictos ambientales y con comunidades, sobrecostos millonarios e incluso un pleito internacional.
Para el corredor Buga–Buenaventura, el gerente de la Unión Vía del Camino del Pacífico, Miguel Acosta, aseguró que aún faltan 34 kilómetros, de los 128 kilómetros, en zonas críticas como Cisneros y León de Guerrero.
Allí, los procesos de consulta previa (necesarios para iniciar la construcción) han impedido avanzar con este contrato de quinta generación, que contempla una inversión de 5 billones de pesos y tiene una duración de 29 años, entre etapa de construcción y operación.
“Estos tramos no han podido iniciar precisamente porque nos encontramos en consultas previas. Calculamos que podrían extenderse entre cuatro y seis meses, incluso más allá del 2029, que era la fecha prevista de finalización”, aseguró en diálogo con Blu Radio.
Para el caso del corredor Antioquia - Bolívar, cuyo proyecto plantea un tramo de 495 kilómetros, la concesión Ruta al Mar reportó un avance cercano al 95%, pese a que aún quedan 20 kilómetros pendientes.
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Según su gerente, Manuel Raigoso Rubio, los principales problemas están en la variante de Lorica y en predios entre Cereté y Lorica, donde no se ha logrado concertación con comunidades indígenas. Además, recordó que el concesionario demandó al Estado.
“Pretendemos que se nos reconozcan perjuicios por cerca de 300.000 millones de pesos o, en su defecto, que se dé la terminación anticipada del contrato”, afirmó el gerente también en diálogo con Blu Radio.
En cuanto a la Autopista Río Magdalena 2, que conecta al Caribe a lo largo de 144 kilómetros, su gerente Alejandro Niño confirmó que tres de las cuatro unidades funcionales ya fueron entregadas y la última está en proceso de verificación. Sin embargo, admitió que el proyecto tuvo múltiples tropiezos.
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“Es un proyecto que tuvo que cambiar de contratista en varias ocasiones, lo que significó retrasos y sobrecostos muy importantes. Reconstruir tramos afectados por minería ilegal puede costar hasta tres veces más que la obra original”, advirtió.
Aunque los tres proyectos comparten retrasos y sobrecostos, sus concesionarios insisten en que cuentan con los recursos y mantienen el compromiso de terminarlos. Sin embargo, en varios casos el futuro depende de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y tribunales internacionales.