Fallo obliga que Metrolínea instale sillas para población vulnerable en estaciones

Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad tienen que esperar de pie entre 15 minutos y hasta una hora por el bus.En un fallo de acción de tutela interpuesto por Metrolínea, el Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que en septiembre de 2019 ordenó la instalación de asientos para las personas en estado de discapacidad y de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que llevan niños en brazos.La acción de tutela contra el Juzgado Administrativo y el Tribunal Administrativo de Santander, y que fue negada por el Consejo de Estado, pretendía el reconocimiento de un recurso que presentó extemporáneamente y por considerar que se había vulnerado el debido proceso.El grupo de Litigio Estratégico del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Industrial de Santander, UIS, había interpuesto la acción popular que dio lugar a la reclamación por parte de Metrolínea.“Hay un fallo producto de una acción popular que presentamos para defender los derechos de las personas con discapacidad, por eso Metrolínea interpone la tutela que el Consejo de Estado le niega. Con ello queda en firme la decisión en favor de la población con alguna discapacidad y vulnerable”, explicó Luisa Daza, integrante del grupo de litigio de la UIS.Ahora Metrolínea tendrá que cumplir con lo ordenado por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.“En un plazo de 12 meses se debe hacer la instalación de sensores y alarmas audibles de peso en todos los buses alimentadores, en un plazo de seis meses la publicación de horarios fijos de llegada de buses y articulados, un plazo de dos meses para que mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad tengan prioridad al abordar los buses, entre otras acciones”, explicó Daza.Metrolínea también tendrá que conformar un comité de verificación de cumplimiento de la sentencia junto a un representante de la Defensoría del Pueblo Regional de Santander, que verificarán el cumplimiento de lo ordenado y emitir un informe. Los términos a Metrolínea le empezaron a correr desde el pasado 11 de junio de 2020.