Área Metropolitana de Bucaramanga

La disputa por el control del microtráfico, las extorsiones, el tráfico de armas, el cobro ilegal bajo la modalidad del "gota a gota" y otras rentas criminales está agravando la situación de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. Ese es el principal diagnóstico de la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana 015 de 2026 para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.El organismo advirtió que esta confrontación entre organizaciones criminales está incrementando el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellas identificó desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, amenazas, violencia basada en género, violencia sexual, trata de personas, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, homicidios múltiples y ataques armados.Según la Defensoría, la problemática ya no responde únicamente a hechos aislados de delincuencia común, sino al fortalecimiento de estructuras criminales que buscan consolidar el control territorial y económico en sectores urbanos y periféricos de los cuatro municipios metropolitanos.El documento advierte que uno de los fenómenos de mayor preocupación es la consolidación de alianzas entre grupos delincuenciales y otros actores armados para controlar barrios estratégicos, imponer fronteras invisibles y fortalecer las rentas derivadas del microtráfico y otras actividades ilícitas.La alerta también identifica un crecimiento acelerado del mercado de drogas sintéticas, considerado una nueva fuente de ingresos para las organizaciones criminales, especialmente por su expansión en escenarios de recreación y entre población joven.Otro de los hallazgos del informe es que algunas estructuras delincuenciales continuarían coordinando actividades criminales desde establecimientos penitenciarios, entre ellos la cárcel de Palogordo, desde donde, según la Defensoría, seguirían ordenándose extorsiones y otros delitos de alto impacto.La entidad advirtió que entre las poblaciones más expuestas se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales, comerciantes, transportadores, población migrante y personas en condición de vulnerabilidad, quienes enfrentan mayores riesgos por la expansión de estas organizaciones.Frente a este panorama, la Defensoría pidió a la Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación adoptar medidas urgentes para contener el avance de estas estructuras criminales.Entre las recomendaciones se encuentran la implementación de intervenciones focalizadas en las zonas con mayor incidencia delictiva, el fortalecimiento de la seguridad en colegios, escenarios deportivos, plazas de mercado y corredores viales, además de acciones para proteger a las personas desplazadas y en procesos de retorno.Finalmente, la Defensoría insistió en que la respuesta institucional debe ir más allá del aumento de operativos policiales y concentrarse en desmantelar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, atacando delitos como el microtráfico, la extorsión, el tráfico de armas, la usura bajo la modalidad del "gota a gota", la explotación sexual y la utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades delictivas, con el propósito de evitar que la crisis de seguridad continúe profundizándose en el área metropolitana de Bucaramanga.

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