La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, lanzó una alerta momentos antes de que el Gobierno nacional declara un estado de emergencia económico para cubrir un faltante de $16,3 billones en el presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
En una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, el gremio pidió frenar cualquier intento de sustituir al Legislativo mediante el uso de estados de excepción.
El pronunciamiento fue firmado por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien solicitó al alto tribunal mantener una atención “especial, preventiva y oportuna” frente a cualquier decreto que se expida bajo un eventual estado de emergencia, con el fin de garantizar un control constitucional efectivo y oportuno.
La preocupación de Fenalco se produce en un contexto particularmente sensible: la vacancia judicial. Según el gremio, la declaratoria de emergencia económica en este periodo podría permitir la expedición de decretos con fuerza de ley que entren en vigencia inmediata, consolidando situaciones jurídicas difíciles de revertir, incluso si posteriormente la Corte Constitucional los declara inexequibles.
“Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos”, advirtió Fenalco en su misiva. El gremio sostiene en la carta que no se cumple el estándar constitucional para declarar un estado de excepción cuando la causa es la no aprobación de una ley de financiamiento por parte del Congreso. Fenalco asegura que esa negativa hace parte del ejercicio legítimo de las competencias del poder legislativo y no puede ser interpretada como una situación sobreviniente que habilite al Ejecutivo a legislar por decreto.
“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, señaló Cabal.
El gremio también cuestionó otros argumentos que podrían usarse para justificar la emergencia económica, como el aumento de las tasas de interés o la caída de los precios internacionales del petróleo. Según Fenalco, se trata de circunstancias previsibles y, en buena medida, asociadas a decisiones de política pública del propio Ejecutivo.