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El Gobierno nacional ha emprendido un proceso de control sobre empresas de transporte debido a las condiciones laborales de miles de conductores del país. De hecho, por medio de la Circular Externa 20261300000087 del 2 de marzo de 2026, el Ministerio de Transporte, junto con el Ministerio del Trabajo, estableció nuevos criterios que las empresas deberán acatar para brindarle condiciones dignas a los conductores de transporte público.
Los nuevos lineamientos tienen la intención de frenar prácticas que por años han sido comunes en la industria del transporte, en especial aquellas que encubren relaciones laborales bajo la contratación civil o comercial. Con esto, el Gobierno busca unificar reglas para empresas, propietarios de vehículos, operadores logísticos y cualquier otro actor que pueda obtener beneficios económicos de la conducción.
La nueva normativa pone sobre la mesa lineamientos sobre las obligaciones laborales y contractuales al interior del sector transporte. La idea es poner fin a los vacíos legales que permitirían a las empresas evadir responsabilidades con los conductores.
La circular aplica para varios actores del sector, entre ellos:
Según revela el bufete de abogados Holland & Knight, el documento indica que cuando el conductor presta el servicio de manera personal, recibe una remuneración y está sujeto a cumplir instrucciones o control, se configura una relación laboral que debe formalizarse mediante un contrato laboral.
Entre las obligaciones que deberán garantizar las empresas se encuentran:
Además, las empresas deberán respetar los límites de la jornada laboral y garantizar descansos adecuados para prevenir fatiga y somnolencia al volante; por lo tanto, los conductores ya no podrán ser sometidos a jornadas extensas.
Por otro lado, también se exige implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple los riesgos propios de la actividad en la conducción.
La circular adicionalmente identifica prácticas que ahora serán materia de vigilancia y posibles sanciones por parte de las autoridades.
Entre las conductas que quedan expresamente prohibidas están:
El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Transporte, además de eventuales responsabilidades civiles o penales.
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Con este nuevo escenario, las autoridades recomiendan a las empresas revisar sus modelos de contratación, garantizar el pago adecuado de salarios y actualizar sus contratos laborales.
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