
El soldado Braulio Guacales, uno de los 57 militares secuestrados durante más de 80 horas en El Tambo, Cauca, relató que, aunque no fueron agredidos físicamente, vivieron una experiencia que describe como una tortura psicológica. Según su testimonio, fueron rodeados por más de 200 personas que, entre burlas y presión, lograron dividir y aislar al pelotón sin necesidad de usar armas de fuego.
“Nos miraban, unos con rabia, otros con pena, y muchos se reían. Fue como si pisotearan nuestro orgullo militar”, contó el soldado en entrevista con Mañanas Blu. Aseguró que nunca vio armas, pero la presión de la multitud fue suficiente para obligarlos a permanecer inmóviles y permitir su traslado en camiones entre distintos puntos del municipio. Agradeció al Ejército por el operativo que permitió su liberación y destacó el profesionalismo de sus compañeros.

En la misma conversación radial, el general Érick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, explicó que los secuestradores no fueron combatientes armados sino integrantes de la comunidad que actuaron bajo presión y órdenes de la estructura criminal Carlos Patiño. “La población civil fue instrumentalizada. No había presencia visible de armados, pero eso no significa que no haya control criminal. En esas zonas, donde toda la economía gira en torno a la coca, los grupos ilegales dominan todo el entorno”, afirmó.
Rodríguez insistió en que no se trató de una “retención”, sino de un secuestro, y aseguró que ya se instauraron las denuncias correspondientes. Además, explicó que el detonante de los hechos fue la captura, por parte de los militares, de un presunto integrante de esa estructura criminal. “Fue un acto planeado. La comunidad llegó en camionetas, rodeó a nuestros hombres y, aprovechando la presión social y el temor de la población, ejecutaron el secuestro”, dijo.
Sobre la reacción de los soldados, el general defendió que no usaran sus armas: “Nuestros hombres respetan los derechos humanos. No vamos a disparar contra civiles”. También destacó que el Ejército mantendrá su presencia en el cañón del Micay pese a las amenazas, con el objetivo de recuperar el control estatal de una zona históricamente dominada por el narcotráfico y la minería ilegal.
Finalmente, el general Rodríguez hizo un llamado al país: “No podemos permitir que se normalicen estos actos. Lo que ocurrió fue un secuestro, y la instrumentalización de la población civil por parte de estructuras armadas debe ser rechazada por todos los colombianos”.