Un soldado del Ejército Nacional resultó herido por impacto de bala y otros seis militares sufrieron lesiones por esquirlas durante combates con presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca.El uniformado herido fue evacuado para recibir atención médica, mientras que los demás soldados lesionados presentan heridas ocasionadas por esquirlas. Luis Fernando Veragara, personero de El Tambo, señaló que la comunidad se encuentra atemorizada por estos hechos. "La comunidad está muy preocupada y, a través de redes sociales, ha hecho varios pronunciamientos solicitando que se les mantenga al margen de cualquier confrontación. Siempre debe prevalecer el principio de distinción y la protección de la población civil. Además, estamos convocando un Comité Territorial de Justicia Transicional con las diferentes autoridades y entidades, entre ellas el Ejército Nacional", aseguró Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo.Le puede interesar: Ejército reporta tres delincuentes muertos en combates en la vía PanamericanaDe acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en medio de la operación militar dos presuntos integrantes del grupo armado murieron. El funcionario agregó que la operación militar se desarrolló durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en clases, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del sector."Se adelantó una operación militar en una zona donde tiene presencia una estructura armada. El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en el colegio, lo que generó momentos de tensión en la comunidad mientras se registraban intercambios de disparos", explicó el personero.Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, denunció públicamente al hombre que aparece disparando en un video grabado en el sector de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca, y aseguró que las autoridades ya trabajan para identificarlo y llevarlo ante la justicia.“Las personas que se ven en el video no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el Derecho Internacional Humanitario”, escribió el ministro en su cuenta de X.Finamente, el Ejército aseguró que, durante los enfrentamientos, los integrantes de la estructura armada estarían disparando desde viviendas del sector e instrumentalizando a la población civil para obstaculizar el avance de las tropas, situación que, según la institución, dificulta el desarrollo de las operaciones militares en la zona.
En desarrollo de operaciones militares en el suroccidente del país, tropas del Ejército lograron ubicar y neutralizar 30 artefactos explosivos en zona rural del municipio de El Tambo, evitando lo que sería una posible acción terrorista en esta región.El hallazgo se produjo en el sector de la parte alta del Filo, en el corregimiento de La Emboscada, durante el avance de unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4. En el lugar fueron encontrados 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO).De acuerdo con información preliminar, el material pertenecería a la Compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, grupo armado organizado residual que delinque en esta zona y que estaría bajo la órbita de Iván Mordisco.Las autoridades señalaron que estos explosivos habrían sido instalados para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y generar afectaciones a la población civil, en un corredor estratégico donde estas estructuras ilegales mantienen presencia.Tras asegurar el área, las tropas activaron los protocolos de seguridad y coordinaron la intervención de equipos especializados en explosivos, que adelantarán la destrucción controlada del material. Paralelamente, se dio aviso a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos hombres señalados de participar en tres asonadas ocurridas en marzo, junio y septiembre de 2025 en Argelia y El Tambo, Cauca, en hechos que dejaron retenidos a policías y militares que adelantaban operaciones en la zona.El primer episodio se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo ocurrió en junio del mismo año, cuando 57 militares fueron llevados a la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en El Tambo. El tercer caso se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos por civiles.De acuerdo con la Fiscalía, Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a habitantes de la zona para retener ilegalmente a integrantes de la fuerza pública que cumplían actividades operacionales.Según explicó el fiscal del caso, estos hechos estarían relacionados con intereses económicos ilegales en la región. “Al ejercer el control en la zona, siguen generando el cobro o el mal llamado cobro del gramaje, que es el impuesto, como ellos mal lo denominan, para que todos los cultivadores de sustancias a base de hoja de coca le paguen a la estructura criminal (…) Ellos obtienen las finanzas, el lucro criminal, producto del narcotráfico”, afirmó.El funcionario agregó que no se puede generalizar la responsabilidad sobre toda la población del Cañón del Micay: “No podemos criminalizar a toda una población, sino algunas personas que se dedican a esa acción criminal (…) continúan pagándole el tributo, mal llamado tributo, a esas estructuras criminales y también mantener el control sobre las explotaciones mineras ilegales que se efectúan en esa zona del departamento. Entonces, esto es un convenio que tiene beneficios para la estructura criminal”.La investigación señala que los dos procesados habrían cumplido roles de dirección, coordinación y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio y sostener diálogos con entidades estatales con el fin de obtener concesiones para la estructura armada ilegal y así concretar las liberaciones.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El Ejército confirmó que mediante operación militar aérea, fueron liberados los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los militares fueron extraídos de la zona en helicóptero."El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos", se lee en el mensaje.En entrevista con Blu Radio, un soldado que ha sido secuestrado en dos ocasiones en el Cañón del Micay, describió la situación vivida por las tropas:“Éramos 75 ahí rodeados por ellos, pero un grupo nos salimos de ese cerco y después fuimos evacuados en helicóptero. Si no, seríamos 75 los secuestrados y no 45. Aun así, es impotente ver a tantos uniformados secuestrados en una caseta sin poder hacer nada”, relató.El militar aseguró que dentro de la tropa existe un sentimiento de frustración: “Nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy laxa y permisiva”.También advirtió sobre el riesgo de que una situación como la vivida en El Tambo derive en hechos mayores: “¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? (…) Miren al señor teniente en el Putumayo, lo intentaron quemar vivo. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme?”, cuestionó.
Un grave hecho de orden público se registró este domingo 7 de septiembre en el departamento del Cauca. En la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, 72 militares que adelantaban operaciones fueron retenidos en medio de una asonada.Entre los uniformados se encontraban 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados profesionales, quienes fueron interceptados por más de 600 civiles con el propósito de impedir el desarrollo de la Operación Perseo II, desplegada en el Cañón del Micay. Según las autoridades, la población habría sido instrumentalizada por la estructura criminal Carlos Patiño, disidencia de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.En medio de la crisis, autoridades y organismos humanitarios iniciaron contacto con líderes comunitarios de la zona, entre ellos Edward Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal, para mediar y lograr la liberación de los militares.Comunicado del Ejército NacionalEl Comando de la Tercera División del Ejército confirmó que durante la tarde del 7 de septiembre, cerca de 600 personas, presuntamente en coordinación con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de tropas en la vereda Los Tigres.La institución reportó que 45 militares permanecen retenidos bajo la modalidad de secuestro, aunque inicialmente se informó que el número ascendía a 72. El Ejército advirtió que estos hechos configuran graves delitos, como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.Asimismo, anunció que interpondrá las denuncias correspondientes y exhortó a la comunidad a entregar información que permita identificar y judicializar a los responsables.La Tercera División rechazó categóricamente el constreñimiento de la población civil y pidió a los organismos internacionales de derechos humanos pronunciarse frente a esta acción, que favorece el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.Finalmente, el Ejército aseguró que mantiene presencia en la zona y adelanta gestiones para restablecer el orden y lograr la liberación de los uniformados, reiterando su compromiso con la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.
En un operativo conjunto, la Fuerza Pública desmanteló, en zona rural de El Tambo, Cauca, uno de los megalaboratorios de cocaína más grandes detectados en el país en el último año. La acción fue llevada a cabo por tropas de la Tercera División del Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía.El complejo ilegal estaba bajo control del grupo armado organizado residual ‘Carlos Patiño’, al servicio del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, allí se producían hasta cuatro toneladas de cocaína mensuales, destinadas a carteles internacionales con rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.El laboratorio estaba conformado por 14 instalaciones que funcionaban como centros de procesamiento, almacenamiento y cristalización de la droga. Durante la operación se incautaron 1,1 toneladas de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, tres toneladas líquidas en suspensión y 14 kilogramos de base de coca.Además, fueron decomisados más de 5.000 galones de insumos químicos, maquinaria y equipos de alto valor utilizados para el funcionamiento de este complejo criminal. El golpe, según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X, representa pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos para las finanzas de la estructura ilegal.El jefe de cartera también aseguró que este complejo abastecía de manera directa las finanzas de alias ‘Iván Mordisco’, permitiendo la articulación con carteles de narcotráfico internacionales. “Cada laboratorio destruido es menos droga en las calles y menos recursos para sostener la violencia de los grupos armados”, escribió.Por su parte, el Ejército resaltó que el operativo no solo afecta la producción, sino también la cadena logística del narcotráfico, pues desde esta infraestructura se coordinaba el envío de cocaína hacia diferentes puertos del Pacífico colombiano, con destino al exterior.El hallazgo y posterior destrucción del laboratorio se dio en el marco de labores de inteligencia coordinadas dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, diseñado para desarticular economías ilícitas en el sur del país.Con este golpe, las autoridades aseguran que se debilita significativamente la capacidad de producción y exportación del GAO-r ‘Carlos Patiño’, uno de los bastiones de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló este martes que las 35 personas capturadas en el operativo de rescate de 57 militares secuestrados en El Tambo, Cauca, quedaron en libertad por decisión de la Fiscalía General de la Nación. En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa expresó su "profunda indignación" ante la falta de judicialización de los implicados."Eso genera indignación. Nuestros hombres estuvieron en peligro, en riesgo. Fueron transportados por zonas dominadas por estructuras criminales y hoy no hay nadie en la cárcel por eso", sentenció el ministro.El secuestro ocurrió a manos de la estructura Carlos Patiño, uno de los grupos más violentos de las disidencias de las FARC comandadas por alias 'Iván Mordisco'. La operación de rescate se llevó a cabo sin disparar una sola bala, según explicó Sánchez, debido al uso de escudos humanos por parte de los captores.La operación del pasado lunes fue presentada por el Gobierno como un éxito táctico: 57 militares liberados sin bajas ni enfrentamientos armados, y 35 capturados. De estos, 16 fueron vinculados formalmente al proceso judicial. Sin embargo, la misma noche del rescate, la Fiscalía determinó que no existían los méritos suficientes para imputarles cargos por secuestro extorsivo, delito que podría representar hasta 40 años de prisión.“La Fiscalía es quien debe hablar al respecto, pero sí genera impotencia. Esto no puede ser interpretado como una señal de impunidad”, puntualizó el general Sánchez.El ministro explicó que el accionar de los grupos armados ilegales en el departamento del Cauca ha cambiado debido a la pérdida territorial que han sufrido. Según su análisis, las amenazas a campesinos con minas antipersonales y desplazamiento forzado responden al avance de la Fuerza Pública y la inversión social.“Lo que vemos no es una muestra de fortaleza, sino de desesperación. Están optando por la asimetría para neutralizar nuestras operaciones militares”, afirmó.Sánchez también destacó que el control institucional ha traído consigo una mejora en las condiciones de seguridad en municipios como Argelia y El Tambo, donde el homicidio se redujo en un 26%, el desplazamiento forzado en un 74% y la extorsión y el hurto cayeron considerablemente.El papel de los Gripen suecos en la estrategia militarConsultado sobre el futuro de la estrategia de defensa aérea, Sánchez confirmó que la adquisición de aeronaves Gripen, fabricadas por el consorcio sueco Saab, será parte del fortalecimiento militar, aunque no la solución total al conflicto en regiones como el cañón del Micay."Este es un problema retorcido, un wicked problem con múltiples actores. La solución es 30% militar y 70% de acción unificada con inversión social", aclaró el ministro.Las aeronaves Gripen estarán presentes en la Feria Aeronáutica de Rionegro en julio de este año y se espera que su uso mejore la capacidad operativa en zonas de difícil acceso, aunque, como lo indicó Sánchez, la solución de fondo debe incluir el abandono de economías ilegales y el fortalecimiento del Estado en los territorios.“Esto no nos va a doblegar. Seguiremos avanzando, incluso si algunos fallan en su deber judicial”, concluyó el general Pedro Sánchez.
El soldado Braulio Guacales, uno de los 57 militares secuestrados durante más de 80 horas en El Tambo, Cauca, relató que, aunque no fueron agredidos físicamente, vivieron una experiencia que describe como una tortura psicológica. Según su testimonio, fueron rodeados por más de 200 personas que, entre burlas y presión, lograron dividir y aislar al pelotón sin necesidad de usar armas de fuego.“Nos miraban, unos con rabia, otros con pena, y muchos se reían. Fue como si pisotearan nuestro orgullo militar”, contó el soldado en entrevista con Mañanas Blu. Aseguró que nunca vio armas, pero la presión de la multitud fue suficiente para obligarlos a permanecer inmóviles y permitir su traslado en camiones entre distintos puntos del municipio. Agradeció al Ejército por el operativo que permitió su liberación y destacó el profesionalismo de sus compañeros.En la misma conversación radial, el general Érick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, explicó que los secuestradores no fueron combatientes armados sino integrantes de la comunidad que actuaron bajo presión y órdenes de la estructura criminal Carlos Patiño. “La población civil fue instrumentalizada. No había presencia visible de armados, pero eso no significa que no haya control criminal. En esas zonas, donde toda la economía gira en torno a la coca, los grupos ilegales dominan todo el entorno”, afirmó.Rodríguez insistió en que no se trató de una “retención”, sino de un secuestro, y aseguró que ya se instauraron las denuncias correspondientes. Además, explicó que el detonante de los hechos fue la captura, por parte de los militares, de un presunto integrante de esa estructura criminal. “Fue un acto planeado. La comunidad llegó en camionetas, rodeó a nuestros hombres y, aprovechando la presión social y el temor de la población, ejecutaron el secuestro”, dijo.Sobre la reacción de los soldados, el general defendió que no usaran sus armas: “Nuestros hombres respetan los derechos humanos. No vamos a disparar contra civiles”. También destacó que el Ejército mantendrá su presencia en el cañón del Micay pese a las amenazas, con el objetivo de recuperar el control estatal de una zona históricamente dominada por el narcotráfico y la minería ilegal.Finalmente, el general Rodríguez hizo un llamado al país: “No podemos permitir que se normalicen estos actos. Lo que ocurrió fue un secuestro, y la instrumentalización de la población civil por parte de estructuras armadas debe ser rechazada por todos los colombianos”.
En la tarde de este jueves, miembros de un grupo armado ilegal en el departamento del Cauca atacaron con fusiles un helicóptero de la Policía que sobrevolaba el municipio de El Tambo. Con ráfaga de fusil, pretendían derribar la aeronave que movilizaba una alta suma de dinero. "Se presenta este hostigamiento, donde, al parecer, su intención era hurtar el helicóptero que transporta el dinero del Banco Agrario. En el lugar habían tropas del Ejército que también respondieron al ataque y, afortunadamente, no se concretó algún daño", señaló Luis Vergara, personero de El Tambo.El piloto de esta aeronave logró esquivar las ráfagas y regresar a la ciudad de Popayán, sin alguna afectación a los ocupantes de la misma. Este hecho se suma a la ola de hostigamientos que ha vivido el departamento del Cauca recientemente, donde en sitios como Suárez y Caloto, tanto la Policía como el Ejército, fueron blanco de ataques con explosivos ataques con explosivos por parte de las disidencias de las Farc.
Este jueves el superintendente Salud, Daniel Quintero, compartió una publicación en la que mencionaba avances en el proceso de habilitación del hospital San Juan de Dios, el complejo histórico que ha sido motivo de discordias entre el presidente saliente, Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán.“Quedamos a un paso de que se convierta en realidad el sueño del Presidente y una de las mayores inversiones en la historia de Bogotá”, escribió Quintero.Sin embargo, la Secretaría Distrital de Salud aclaró varios puntos relevantes de este proceso señalando que, contrario a lo dicho por el mandatario nacional, sí adelantó el trámite que le correspondía pero que todo quedó detenido por una limitación de la plataforma del Ministerio de Salud,El pasado 7 de julio, el Gobierno, a través de la IPS Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil en su sede del barrio Palermo, radicó la solicitud de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).No obstante, esa petición no correspondía a la apertura del histórico complejo hospitalario con su torre central, sino únicamente a la habilitación de tres servicios: enfermería, medicina general y psicología, todos bajo la modalidad de atención extramural domiciliaria, es decir, para atender pacientes en sus hogares y no dentro del hospital.Muestra de esto es que la solicitud se refiere a una sede ubicada en la carrera 20 #45A-08 en el barrio Palermo, es decir, un lugar que está a 30 minutos de camino en carro del hospital tradicional.Tras recibir la documentación, el 16 de julio la secretaría revisó los requisitos, emitió algunas observaciones y apoyó en la corrección, por lo que un día después, el 17 de julio, la institución presentó nuevamente los documentos ajustados.Pero los problemas llegaron, otra vez, este jueves 23 de julio: desde la secretaria se cargó, a las 10:55 a.m. la información al REPS para formalizar la inscripción de la IPS, pero la plataforma del Ministerio de Salud impidió continuar el procedimiento porque exigía programar una visita previa de habilitación.Y aunque ese requisito no debía aplicarse en este caso, ya que se había emitido una resolución exceptuando a esta IPS de dicha visita, el cambio no fue actualizado debidamente en el sistema, que terminó bloqueando el trámite.Ante esto, la secretaría enviará un oficio al Ministerio informando que cumplió con el procedimiento hasta el punto en que la plataforma le permitió avanzar pero que ahora les corresponde a ellos tomar las medidas necesarias.En el comunicado, la secretaría también explicó que la inscripción en proceso, no significa la apertura del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ni tiene relación con las obras que se adelantan en la torre central. Hasta la fecha, no existe ninguna solicitud en el REPS para habilitar servicios en el Bloque 1, antigua ala de urgencias, ni en ningún otro sector del complejo.Los pronunciamientos llegan en medio de los enfrentamientos políticos que en los últimos días se avivaron entre Petro y Galán. El mandatario nacional dijo, en varias publicaciones en redes, que la alcaldía estaba frenando injustificadamente la habilitación del San Juan de Dios arriesgando la inversión cercana a los $1,6 billones realizada por el Gobierno para recuperar el complejo hospitalario y hasta convocó a trabajadores y víctimas de la violencia para presentar tutelas.Galán rechazó esas acusaciones y aseguró que el Distrito también quiere poner en funcionamiento el hospital, pero únicamente cuando se cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de julio de 2026:La Federación Colombiana de Fútbol oficializó la renovación del contrato de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia.Juan Fernando Quintero habló con ESPN sobre su futuro y la posibilidad de continuar en River Plate.Debate sobre el ranking de los mejores Mundiales de la historia.Medellín rescató un empate ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana.Escuche el programa completo aquí:
Las regiones del país le hicieron una petición al Gobierno Nacional: incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo un apartado especial dedicado exclusivamente a las vías terciarias. Las gobernaciones buscan que este tema tenga reglas claras y dinero asegurado para arreglar, construir y mantener los caminos rurales que conectan a los campesinos con las ciudades.La necesidad en el sector sigue siendo muy grande, pues Colombia tiene más de 142.000 kilómetros de vías terciarias. Aunque en el Plan de Desarrollo de 2022 a 2026 se puso la meta de intervenir más de 33.000 kilómetros, la realidad es que el avance en el terreno apenas llegó a algo más de 9.000 kilómetros completados.A este problema de avance se suma el reclamo por los recursos invertidos. Según señalaron los voceros regionales, aunque se anunciaron inversiones por más de $8 billones de pesos para estas carreteras del campo, en el terreno no se ejecutó ni el 30 % de las obras planeadas, lo que golpea de manera directa el trabajo de los agricultores."En el Plan Nacional de Desarrollo debe quedar un capítulo especial para las vías terciarias, con recursos para su rehabilitación, construcción y mantenimiento y una fuente de financiación clara, porque los municipios no tienen la capacidad fiscal para asumir solos esa responsabilidad", señaló Adriana Magaly Matiz, gobernadora del Tolima y vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos.Para conseguir el dinero que se necesita de forma segura, los gobernadores proponen alternativas concretas. Entre ellas están usar el cobro de valorización en los corredores comerciales del país o tomar una parte de los recursos que recauda el impuesto del 4 por 1000.Por último, las gobernaciones pidieron que el Gobierno tenga en cuenta la capacidad productiva y el dinero con el que cuenta cada municipio. De esta manera se busca evitar que las zonas rurales más pobres se queden sin los recursos necesarios para mantener sus caminos en buen estado.
Los retrasos en varios de los principales aeropuertos del país encendieron las alertas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Durante el Primer Encuentro Regional de Infraestructura, el gremio pidió al Gobierno entrante acelerar los trámites para poner en marcha proyectos que ya están estructurados y que, según aseguró, no están frenados por falta de dinero, sino por demoras administrativas.La presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo, explicó que ya existen iniciativas privadas para cuatro aeropuertos estratégicos: la ampliación de El Dorado, la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el aeropuerto de Cartagena y la pista del aeropuerto de Antioquia.Sin embargo, señaló que estos proyectos siguen detenidos porque los procesos entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aerocivil avanzan lentamente."Necesitamos garantizar que los permisos, los requisitos y las respuestas entre funcionarios sean más rápidas, porque la ampliación de El Dorado y del aeropuerto del Valle del Cauca ya cumplen prácticamente una década y ni siquiera se requiere plata. Lo que necesitamos es avanzar en los trámites para que estas iniciativas privadas sean una realidad", afirmó Araújo.Ante este panorama, la Federación Nacional de Departamentos advirtió que el rezago también afecta los aeropuertos no concesionados. De los 14 aeródromos incluidos en un programa de la Aerocivil, solo seis tienen contratos, ocho siguen sin iniciar contratación y las obras presentan un avance promedio de apenas el 3 %, por lo que también pidió agilizar los procesos.La dirigente gremial también aseguró que una mayor presencia del Gobierno nacional en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali puede facilitar el trabajo conjunto entre la Nación, los departamentos y los municipios para sacar adelante proyectos estratégicos que llevan años esperando decisiones.Para la CCI, el principal desafío del nuevo Gobierno será acelerar la gestión institucional para convertir en realidad obras que ya están listas para avanzar. El gremio insistió en que destrabar estos proyectos permitirá mejorar la conectividad entre las regiones, fortalecer la competitividad del país e impulsar el desarrollo económico.