El personero de El Tambo, Cauca, Luis Fernando Vergara, denunció demoras en la atención de una alerta por la presencia de artefactos explosivos en una vía de acceso a la cabecera municipal. Según explicó en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, transcurrieron cerca de tres días y medio antes de que se concretara la destrucción de los elementos.El funcionario indicó que la situación generó preocupación entre los habitantes, debido al riesgo que representaban los explosivos. Finalmente, el 21 de octubre, técnicos antiexplosivos de la Policía, con acompañamiento del Ejército, intervinieron el lugar y encontraron seis cilindros.Personero de El Tambo cuestionó la demora en la atenciónVergara explicó que, tras conocer la posible presencia de explosivos, la Personería informó oportunamente a las autoridades competentes y adelantó las gestiones correspondientes para solicitar su intervención.Sin embargo, aseguró que la respuesta no llegó con la rapidez esperada. De acuerdo con su testimonio, el Ejército manifestó que debía priorizar otras situaciones en la vía Panamericana, donde también existían sospechas sobre la presencia de artefactos explosivos.«Mientras se atendía esa situación, nuestro municipio quedó a la espera de una respuesta», señaló el personero, al explicar las circunstancias que precedieron a la intervención de la fuerza pública.Comunidad desenterró cilindros para alertar sobre el peligroEl caso comenzó a conocerse el 18 de octubre, cuando uno de los artefactos quedó expuesto de manera accidental. Según Vergara, el cilindro estaba cubierto con guaduas que cedieron y dejaron al descubierto el elemento.Tras el hallazgo, la comunidad informó a la Personería, que reportó la situación a la Policía y al Ejército. No obstante, ante la falta de una respuesta efectiva durante los días siguientes, algunos habitantes decidieron intervenir directamente.El 20 de octubre, residentes de un asentamiento cercano desenterraron los elementos y encontraron tres cilindros, que posteriormente ubicaron en el centro de la vía para llamar la atención de las autoridades sobre el riesgo.El personero reconoció que esta acción representó un peligro considerable para la población. «Fue una manera muy riesgosa de llamar la atención, por supuesto, pero eso fue lo que sucedió», manifestó durante la entrevista con Blu Radio.Hallazgo de seis cilindros y riesgo de una tragediaLa intervención de los técnicos antiexplosivos permitió establecer que no eran tres, sino seis los cilindros instalados en el sector. La operación se realizó el 21 de octubre, con participación de la Policía y acompañamiento del Ejército.Vergara advirtió que la manipulación de estos elementos por parte de civiles pudo tener consecuencias graves. Según relató, uno de los cables conectados al detonador fue desactivado, circunstancia que habría contribuido a evitar una posible explosión en cadena.«La maniobra realizada por la comunidad fue muy peligrosa y pudo haber provocado una tragedia», afirmó el funcionario, quien insistió en la gravedad de lo ocurrido.Cierre vial afectó la movilidad en El TamboLa presencia de los artefactos obligó a cerrar la vía mientras se adelantaban las labores de seguridad. Como consecuencia, durante aproximadamente tres días no fue posible transitar con normalidad por este corredor y los habitantes tuvieron que recurrir a rutas alternas.Tras la intervención de los equipos especializados y la destrucción de los explosivos, la situación en la cabecera municipal se normalizó. El personero aseguró que el municipio recuperó la tranquilidad, aunque el episodio dejó en evidencia los riesgos que enfrentó la comunidad mientras esperaba la atención de las autoridades.
Un adolescente de 16 años, que permanecía secuestrado desde el pasado 18 de septiembre, fue rescatado con vida en una zona rural de El Tambo, Cauca, luego de una investigación que se extendió durante 20 días y permitió establecer el lugar donde permanecía retenido.El joven había sido secuestrado en la vereda La Rejoya, en el área rural de Popayán. Según la información recopilada por las autoridades, varios hombres descendieron de un vehículo, lo abordaron y posteriormente lo trasladaron en una camioneta, sin que desde entonces sus familiares conocieran su paradero.Con la ubicación establecida, las autoridades desplegaron un operativo hasta el lugar donde se encontraba retenido y consiguieron sacarlo con vida. Tras su rescate, el menor quedó bajo protección de las autoridades para verificar su estado y avanzar en el proceso de restablecimiento de sus derechos.La investigación también permitió establecer que los secuestradores exigían a la familia 15.000 millones de pesos a cambio de su liberación. De acuerdo con la Policía, los responsables estarían vinculados con la estructura criminal Jaime Martínez.Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del secuestro.
Todo un operativo de búsqueda se está adelantando en inmediaciones del Cerro Santana, en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, para ubicar lo más pronto posible a cuatro policías que completan 24 horas desaparecidos.Los uniformados extraviados son el mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno, quienes salieron de la estación ubicada en el cerro, para verificar una novedad con un dron. A partir de ese instante se perdió por completo el contacto con ellos.Esta estación de Policía es la encargada de velar por la seguridad del Radar Aéreo de Santana de la Aeronáutica Civil que controla parte del tráfico aéreo del suroccidente del país, la cual anteriormente ya ha sido blanco de ataques terroristas, pues en la zona hay presencia de la disidencia 'Carlos Patiño', al mando de alias 'Iván Mordisco'.Actualmente, varios grupos de búsqueda están desplegados tanto por tierra como por aire para dar con el paradero de los policías de manera pronta, pues aún no se tiene claridad sobre qué les sucedió, si se encuentran perdidos, o si se encontrarían en poder de algún grupo ilegal de la zona.
Un soldado del Ejército Nacional resultó herido por impacto de bala y otros seis militares sufrieron lesiones por esquirlas durante combates con presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca.El uniformado herido fue evacuado para recibir atención médica, mientras que los demás soldados lesionados presentan heridas ocasionadas por esquirlas. Luis Fernando Veragara, personero de El Tambo, señaló que la comunidad se encuentra atemorizada por estos hechos. "La comunidad está muy preocupada y, a través de redes sociales, ha hecho varios pronunciamientos solicitando que se les mantenga al margen de cualquier confrontación. Siempre debe prevalecer el principio de distinción y la protección de la población civil. Además, estamos convocando un Comité Territorial de Justicia Transicional con las diferentes autoridades y entidades, entre ellas el Ejército Nacional", aseguró Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo.Le puede interesar: Ejército reporta tres delincuentes muertos en combates en la vía PanamericanaDe acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en medio de la operación militar dos presuntos integrantes del grupo armado murieron. El funcionario agregó que la operación militar se desarrolló durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en clases, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del sector."Se adelantó una operación militar en una zona donde tiene presencia una estructura armada. El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en el colegio, lo que generó momentos de tensión en la comunidad mientras se registraban intercambios de disparos", explicó el personero.Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, denunció públicamente al hombre que aparece disparando en un video grabado en el sector de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca, y aseguró que las autoridades ya trabajan para identificarlo y llevarlo ante la justicia.“Las personas que se ven en el video no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el Derecho Internacional Humanitario”, escribió el ministro en su cuenta de X.Finamente, el Ejército aseguró que, durante los enfrentamientos, los integrantes de la estructura armada estarían disparando desde viviendas del sector e instrumentalizando a la población civil para obstaculizar el avance de las tropas, situación que, según la institución, dificulta el desarrollo de las operaciones militares en la zona.
En desarrollo de operaciones militares en el suroccidente del país, tropas del Ejército lograron ubicar y neutralizar 30 artefactos explosivos en zona rural del municipio de El Tambo, evitando lo que sería una posible acción terrorista en esta región.El hallazgo se produjo en el sector de la parte alta del Filo, en el corregimiento de La Emboscada, durante el avance de unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4. En el lugar fueron encontrados 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO).De acuerdo con información preliminar, el material pertenecería a la Compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, grupo armado organizado residual que delinque en esta zona y que estaría bajo la órbita de Iván Mordisco.Las autoridades señalaron que estos explosivos habrían sido instalados para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y generar afectaciones a la población civil, en un corredor estratégico donde estas estructuras ilegales mantienen presencia.Tras asegurar el área, las tropas activaron los protocolos de seguridad y coordinaron la intervención de equipos especializados en explosivos, que adelantarán la destrucción controlada del material. Paralelamente, se dio aviso a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos hombres señalados de participar en tres asonadas ocurridas en marzo, junio y septiembre de 2025 en Argelia y El Tambo, Cauca, en hechos que dejaron retenidos a policías y militares que adelantaban operaciones en la zona.El primer episodio se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo ocurrió en junio del mismo año, cuando 57 militares fueron llevados a la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en El Tambo. El tercer caso se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos por civiles.De acuerdo con la Fiscalía, Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a habitantes de la zona para retener ilegalmente a integrantes de la fuerza pública que cumplían actividades operacionales.Según explicó el fiscal del caso, estos hechos estarían relacionados con intereses económicos ilegales en la región. “Al ejercer el control en la zona, siguen generando el cobro o el mal llamado cobro del gramaje, que es el impuesto, como ellos mal lo denominan, para que todos los cultivadores de sustancias a base de hoja de coca le paguen a la estructura criminal (…) Ellos obtienen las finanzas, el lucro criminal, producto del narcotráfico”, afirmó.El funcionario agregó que no se puede generalizar la responsabilidad sobre toda la población del Cañón del Micay: “No podemos criminalizar a toda una población, sino algunas personas que se dedican a esa acción criminal (…) continúan pagándole el tributo, mal llamado tributo, a esas estructuras criminales y también mantener el control sobre las explotaciones mineras ilegales que se efectúan en esa zona del departamento. Entonces, esto es un convenio que tiene beneficios para la estructura criminal”.La investigación señala que los dos procesados habrían cumplido roles de dirección, coordinación y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio y sostener diálogos con entidades estatales con el fin de obtener concesiones para la estructura armada ilegal y así concretar las liberaciones.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El Ejército confirmó que mediante operación militar aérea, fueron liberados los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los militares fueron extraídos de la zona en helicóptero."El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos", se lee en el mensaje.En entrevista con Blu Radio, un soldado que ha sido secuestrado en dos ocasiones en el Cañón del Micay, describió la situación vivida por las tropas:“Éramos 75 ahí rodeados por ellos, pero un grupo nos salimos de ese cerco y después fuimos evacuados en helicóptero. Si no, seríamos 75 los secuestrados y no 45. Aun así, es impotente ver a tantos uniformados secuestrados en una caseta sin poder hacer nada”, relató.El militar aseguró que dentro de la tropa existe un sentimiento de frustración: “Nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy laxa y permisiva”.También advirtió sobre el riesgo de que una situación como la vivida en El Tambo derive en hechos mayores: “¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? (…) Miren al señor teniente en el Putumayo, lo intentaron quemar vivo. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme?”, cuestionó.
Un grave hecho de orden público se registró este domingo 7 de septiembre en el departamento del Cauca. En la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, 72 militares que adelantaban operaciones fueron retenidos en medio de una asonada.Entre los uniformados se encontraban 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados profesionales, quienes fueron interceptados por más de 600 civiles con el propósito de impedir el desarrollo de la Operación Perseo II, desplegada en el Cañón del Micay. Según las autoridades, la población habría sido instrumentalizada por la estructura criminal Carlos Patiño, disidencia de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.En medio de la crisis, autoridades y organismos humanitarios iniciaron contacto con líderes comunitarios de la zona, entre ellos Edward Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal, para mediar y lograr la liberación de los militares.Comunicado del Ejército NacionalEl Comando de la Tercera División del Ejército confirmó que durante la tarde del 7 de septiembre, cerca de 600 personas, presuntamente en coordinación con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de tropas en la vereda Los Tigres.La institución reportó que 45 militares permanecen retenidos bajo la modalidad de secuestro, aunque inicialmente se informó que el número ascendía a 72. El Ejército advirtió que estos hechos configuran graves delitos, como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.Asimismo, anunció que interpondrá las denuncias correspondientes y exhortó a la comunidad a entregar información que permita identificar y judicializar a los responsables.La Tercera División rechazó categóricamente el constreñimiento de la población civil y pidió a los organismos internacionales de derechos humanos pronunciarse frente a esta acción, que favorece el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.Finalmente, el Ejército aseguró que mantiene presencia en la zona y adelanta gestiones para restablecer el orden y lograr la liberación de los uniformados, reiterando su compromiso con la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.
En un operativo conjunto, la Fuerza Pública desmanteló, en zona rural de El Tambo, Cauca, uno de los megalaboratorios de cocaína más grandes detectados en el país en el último año. La acción fue llevada a cabo por tropas de la Tercera División del Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía.El complejo ilegal estaba bajo control del grupo armado organizado residual ‘Carlos Patiño’, al servicio del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, allí se producían hasta cuatro toneladas de cocaína mensuales, destinadas a carteles internacionales con rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.El laboratorio estaba conformado por 14 instalaciones que funcionaban como centros de procesamiento, almacenamiento y cristalización de la droga. Durante la operación se incautaron 1,1 toneladas de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, tres toneladas líquidas en suspensión y 14 kilogramos de base de coca.Además, fueron decomisados más de 5.000 galones de insumos químicos, maquinaria y equipos de alto valor utilizados para el funcionamiento de este complejo criminal. El golpe, según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X, representa pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos para las finanzas de la estructura ilegal.El jefe de cartera también aseguró que este complejo abastecía de manera directa las finanzas de alias ‘Iván Mordisco’, permitiendo la articulación con carteles de narcotráfico internacionales. “Cada laboratorio destruido es menos droga en las calles y menos recursos para sostener la violencia de los grupos armados”, escribió.Por su parte, el Ejército resaltó que el operativo no solo afecta la producción, sino también la cadena logística del narcotráfico, pues desde esta infraestructura se coordinaba el envío de cocaína hacia diferentes puertos del Pacífico colombiano, con destino al exterior.El hallazgo y posterior destrucción del laboratorio se dio en el marco de labores de inteligencia coordinadas dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, diseñado para desarticular economías ilícitas en el sur del país.Con este golpe, las autoridades aseguran que se debilita significativamente la capacidad de producción y exportación del GAO-r ‘Carlos Patiño’, uno de los bastiones de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano.
Tres hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en Bogotá, señalados de participar en el hurto de un vehículo que fue recuperado por las autoridades en la localidad de Antonio Nariño. Tras ser puestos a disposición de la justicia, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.Los hechos comenzaron en el barrio Policarpa, donde uniformados de la Policía Nacional que adelantaban labores de patrullaje observaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas en actitud sospechosa. Cuando los policías les ordenaron detenerse para realizar una verificación, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida por la avenida Caracas.Ante no detenerse, los uniformados activaron el llamado 'Plan Candado' y, con apoyo del seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C4, iniciaron la persecución para impedir que escaparan. Sin embargo, durante la huida, el conductor perdió el control del automotor y chocó contra un separador vial.Tras el accidente, los tres ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados y capturados por los uniformados metros más adelante.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma traumática y verificaron la procedencia del automotor, estableciendo que había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Usme.Finalmente, el vehículo fue recuperado y los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Luego de las actuaciones correspondientes, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Siete presuntos integrantes de los grupos de delincuencia común organizada conocidos como ‘Los Indios’ y ‘Los Necios’ fueron enviados a la cárcel, tras las audiencias concentradas realizadas luego de dos operaciones contra el tráfico de estupefacientes en las provincias de García Rovira y Vélez, en Santander.De acuerdo con el reporte de la Policía de Santander, cinco de los capturados pertenecerían a ‘Los Indios’, estructura que operaba en el municipio de Málaga, donde presuntamente distribuía drogas mediante domicilios en el área urbana.La institución señaló que, durante seis diligencias de allanamiento y registro, se hicieron efectivas las cinco capturas por orden judicial. En los procedimientos fueron incautadas más de 92 dosis de marihuana, cinco teléfonos celulares y elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes.Según las autoridades, esta estructura habría generado rentas criminales cercanas a los 15 millones de pesos mensuales a través de la comercialización de drogas.En otra operación, desarrollada en los municipios de Barbosa, Güepsa y Vélez, en la provincia de Vélez, fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Necios’.La Policía indicó que esta organización se dedicaría a la distribución de estupefacientes tanto en zonas urbanas como rurales.Durante tres diligencias de allanamiento y registro, las autoridades incautaron más de 1.500 gramos de marihuana, más de 420 gramos de base de cocaína, cuatro teléfonos celulares, elementos para la dosificación de drogas y dinero en efectivo que, según la institución, sería producto de la comercialización ilegal.La Policía aseguró que las dos operaciones permitieron afectar las actividades de estas estructuras, señaladas de participar en el tráfico local de estupefacientes en las dos provincias santandereanas.El balance entregado por la institución también incluye otros dos procedimientos contra el microtráfico durante la semana.En Barbosa fue capturado alias ‘Pícoro’, de 34 años, señalado de presuntamente distribuir sustancias estupefacientes en esa jurisdicción. Según el reporte oficial, durante el procedimiento le fueron incautadas varias dosis que, al parecer, estaban listas para su comercialización en parques y entornos escolares.Por otra parte, en el barrio 20 de Julio de Sabana de Torres, los uniformados capturaron en flagrancia a alias ‘El Diablo’, quien presuntamente pretendía comercializar dosis de cocaína.Ambos casos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos materiales probatorios incautados.La Policía de Santander informó que, durante octubre, han sido capturadas 17 personas por el delito de tráfico de estupefacientes. En el mismo periodo, la institución reportó la incautación de más de 1.320 gramos de sustancias estupefacientes y ocho armas de fuego.El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que continuarán los operativos coordinados con el Ejército Nacional y las autoridades judiciales para combatir la distribución de drogas en el departamento.
De nuevo la subregión del Norte del departamento es epicentro de hechos de violencia que generan zozobra en la comunidad. Recientemente, un doble homicidio se registró en el sector del Alto de Ventanas, sobre el corredor vial que conecta a Yarumal con Valdivia, en el Norte de Antioquia. Dos personas que se movilizaban como pasajeras en un vehículo de servicio público tipo Aerovan perdieron la vida tras ser atacadas con armas de fuego en plena carretera.De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron el automotor de transporte intermunicipal, obligaron a descender a las dos víctimas y les dispararon a un costado de la vía, un tramo estratégico de alto flujo vehicular que comunica al interior del departamento con la Costa Atlántica.Personal judicial se desplazó hasta el sector para adelantar la inspección técnica, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las personas fallecidas ni los móviles del ataque, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de la Policía de Carreteras y la Gobernación de Antioquia que permita esclarecer este nuevo hecho violento.
La Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra el exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado por el presunto delito de prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con la elección del Consejo Directivo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).La decisión se conoció durante una audiencia de la Sala de Primera Instancia, presidida por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, en la que se formalizó la acusación contra el exmandatario departamental.“La sala declara formalmente acusado al señor Nerthin al Mauricio Aguilar Hurtado, en calidad de exgobernador del departamento de Santander como probable autor del delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal a título de dolo”, señaló la magistrada Ramírez.Los hechos investigados ocurrieron en febrero de 2023, cuando Aguilar se desempeñaba como gobernador de Santander y presidía la Asamblea Corporativa Ordinaria de la autoridad ambiental. Durante esa sesión fueron elegidos cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para hacer parte del Consejo Directivo de la entidad.Según la Fiscalía, el entonces gobernador habría dado continuidad al proceso electoral pese a las advertencias sobre posibles irregularidades y a las recusaciones presentadas por presuntos conflictos de intereses.La elección fue objeto de demandas y posteriormente anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, cuyos pronunciamientos señalaron incumplimientos de las disposiciones legales que regulaban el procedimiento.
La Fiscalía Antiterrorista se va a hacer cargo de la investigación relativa a los tiroteos que tuvieron lugar este viernes a una treintena de kilómetros de París, en los que una persona murió y cuatro resultaron heridas graves.El ministro del Interior, Laurent Nuñez, que avanzó que iba a trasladarse al lugar de los hechos, indicó que en total se produjeron tres tiroteos en las ciudades de Trappes y La Verrière, situadas al suroeste de la capital francesa.En una conferencia de prensa, agregó que el autor de los hechos, que fue arrestado, utilizó un arma automática.La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) precisó en un comunicado que ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato contra personas por pertenecer de forma "real o supuesta a una raza, etnia, nación o religión".Los otros cargos son tenencia de armas y asociación de malhechores terroristas para la preparación de crímenes contra personas.La Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) será la encargada de dirigir las pesquisas en coordinación con los servicios de información, agregó la PNAT.Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (8:30 GMT), cuando el autor de los ataques disparó varias veces ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle.El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, explicó en el canal BFMTV que en su municipio resultaron heridas tres personas, entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.Los otros dos heridos en La Verrière son dos hombres de 29 y 49 años, que fueron trasladados a dos grandes hospitales de la región de París, indicó Dainville.El alcalde, aunque insistió en mostrarse cauto sobre la naturaleza de los hechos, indicó que el autor parecía haber seleccionado a sus víctimas, en concreto personas negras.También contó que una vez detenido, en Coignières, otra localidad próxima, los investigadores le identificaron como Kevin, originario de Saint Cyr, otra ciudad del mismo departamento."Ha disparado al azar y quería hacer una carnicería", declaró por su parte, también en BFMTV, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien precisó que el fallecido era de origen africano y otro de los heridos, que se encuentra en estado muy grave, magrebí.