Todo un operativo de búsqueda se está adelantando en inmediaciones del Cerro Santana, en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, para ubicar lo más pronto posible a cuatro policías que completan 24 horas desaparecidos.Los uniformados extraviados son el mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno, quienes salieron de la estación ubicada en el cerro, para verificar una novedad con un dron. A partir de ese instante se perdió por completo el contacto con ellos.Esta estación de Policía es la encargada de velar por la seguridad del Radar Aéreo de Santana de la Aeronáutica Civil que controla parte del tráfico aéreo del suroccidente del país, la cual anteriormente ya ha sido blanco de ataques terroristas, pues en la zona hay presencia de la disidencia 'Carlos Patiño', al mando de alias 'Iván Mordisco'.Actualmente, varios grupos de búsqueda están desplegados tanto por tierra como por aire para dar con el paradero de los policías de manera pronta, pues aún no se tiene claridad sobre qué les sucedió, si se encuentran perdidos, o si se encontrarían en poder de algún grupo ilegal de la zona.
Un soldado del Ejército Nacional resultó herido por impacto de bala y otros seis militares sufrieron lesiones por esquirlas durante combates con presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca.El uniformado herido fue evacuado para recibir atención médica, mientras que los demás soldados lesionados presentan heridas ocasionadas por esquirlas. Luis Fernando Veragara, personero de El Tambo, señaló que la comunidad se encuentra atemorizada por estos hechos. "La comunidad está muy preocupada y, a través de redes sociales, ha hecho varios pronunciamientos solicitando que se les mantenga al margen de cualquier confrontación. Siempre debe prevalecer el principio de distinción y la protección de la población civil. Además, estamos convocando un Comité Territorial de Justicia Transicional con las diferentes autoridades y entidades, entre ellas el Ejército Nacional", aseguró Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo.Le puede interesar: Ejército reporta tres delincuentes muertos en combates en la vía PanamericanaDe acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en medio de la operación militar dos presuntos integrantes del grupo armado murieron. El funcionario agregó que la operación militar se desarrolló durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en clases, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del sector."Se adelantó una operación militar en una zona donde tiene presencia una estructura armada. El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en el colegio, lo que generó momentos de tensión en la comunidad mientras se registraban intercambios de disparos", explicó el personero.Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, denunció públicamente al hombre que aparece disparando en un video grabado en el sector de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca, y aseguró que las autoridades ya trabajan para identificarlo y llevarlo ante la justicia.“Las personas que se ven en el video no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el Derecho Internacional Humanitario”, escribió el ministro en su cuenta de X.Finamente, el Ejército aseguró que, durante los enfrentamientos, los integrantes de la estructura armada estarían disparando desde viviendas del sector e instrumentalizando a la población civil para obstaculizar el avance de las tropas, situación que, según la institución, dificulta el desarrollo de las operaciones militares en la zona.
En desarrollo de operaciones militares en el suroccidente del país, tropas del Ejército lograron ubicar y neutralizar 30 artefactos explosivos en zona rural del municipio de El Tambo, evitando lo que sería una posible acción terrorista en esta región.El hallazgo se produjo en el sector de la parte alta del Filo, en el corregimiento de La Emboscada, durante el avance de unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4. En el lugar fueron encontrados 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO).De acuerdo con información preliminar, el material pertenecería a la Compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, grupo armado organizado residual que delinque en esta zona y que estaría bajo la órbita de Iván Mordisco.Las autoridades señalaron que estos explosivos habrían sido instalados para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y generar afectaciones a la población civil, en un corredor estratégico donde estas estructuras ilegales mantienen presencia.Tras asegurar el área, las tropas activaron los protocolos de seguridad y coordinaron la intervención de equipos especializados en explosivos, que adelantarán la destrucción controlada del material. Paralelamente, se dio aviso a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos hombres señalados de participar en tres asonadas ocurridas en marzo, junio y septiembre de 2025 en Argelia y El Tambo, Cauca, en hechos que dejaron retenidos a policías y militares que adelantaban operaciones en la zona.El primer episodio se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo ocurrió en junio del mismo año, cuando 57 militares fueron llevados a la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en El Tambo. El tercer caso se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos por civiles.De acuerdo con la Fiscalía, Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a habitantes de la zona para retener ilegalmente a integrantes de la fuerza pública que cumplían actividades operacionales.Según explicó el fiscal del caso, estos hechos estarían relacionados con intereses económicos ilegales en la región. “Al ejercer el control en la zona, siguen generando el cobro o el mal llamado cobro del gramaje, que es el impuesto, como ellos mal lo denominan, para que todos los cultivadores de sustancias a base de hoja de coca le paguen a la estructura criminal (…) Ellos obtienen las finanzas, el lucro criminal, producto del narcotráfico”, afirmó.El funcionario agregó que no se puede generalizar la responsabilidad sobre toda la población del Cañón del Micay: “No podemos criminalizar a toda una población, sino algunas personas que se dedican a esa acción criminal (…) continúan pagándole el tributo, mal llamado tributo, a esas estructuras criminales y también mantener el control sobre las explotaciones mineras ilegales que se efectúan en esa zona del departamento. Entonces, esto es un convenio que tiene beneficios para la estructura criminal”.La investigación señala que los dos procesados habrían cumplido roles de dirección, coordinación y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio y sostener diálogos con entidades estatales con el fin de obtener concesiones para la estructura armada ilegal y así concretar las liberaciones.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El Ejército confirmó que mediante operación militar aérea, fueron liberados los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los militares fueron extraídos de la zona en helicóptero."El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos", se lee en el mensaje.En entrevista con Blu Radio, un soldado que ha sido secuestrado en dos ocasiones en el Cañón del Micay, describió la situación vivida por las tropas:“Éramos 75 ahí rodeados por ellos, pero un grupo nos salimos de ese cerco y después fuimos evacuados en helicóptero. Si no, seríamos 75 los secuestrados y no 45. Aun así, es impotente ver a tantos uniformados secuestrados en una caseta sin poder hacer nada”, relató.El militar aseguró que dentro de la tropa existe un sentimiento de frustración: “Nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy laxa y permisiva”.También advirtió sobre el riesgo de que una situación como la vivida en El Tambo derive en hechos mayores: “¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? (…) Miren al señor teniente en el Putumayo, lo intentaron quemar vivo. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme?”, cuestionó.
Un grave hecho de orden público se registró este domingo 7 de septiembre en el departamento del Cauca. En la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, 72 militares que adelantaban operaciones fueron retenidos en medio de una asonada.Entre los uniformados se encontraban 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados profesionales, quienes fueron interceptados por más de 600 civiles con el propósito de impedir el desarrollo de la Operación Perseo II, desplegada en el Cañón del Micay. Según las autoridades, la población habría sido instrumentalizada por la estructura criminal Carlos Patiño, disidencia de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.En medio de la crisis, autoridades y organismos humanitarios iniciaron contacto con líderes comunitarios de la zona, entre ellos Edward Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal, para mediar y lograr la liberación de los militares.Comunicado del Ejército NacionalEl Comando de la Tercera División del Ejército confirmó que durante la tarde del 7 de septiembre, cerca de 600 personas, presuntamente en coordinación con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de tropas en la vereda Los Tigres.La institución reportó que 45 militares permanecen retenidos bajo la modalidad de secuestro, aunque inicialmente se informó que el número ascendía a 72. El Ejército advirtió que estos hechos configuran graves delitos, como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.Asimismo, anunció que interpondrá las denuncias correspondientes y exhortó a la comunidad a entregar información que permita identificar y judicializar a los responsables.La Tercera División rechazó categóricamente el constreñimiento de la población civil y pidió a los organismos internacionales de derechos humanos pronunciarse frente a esta acción, que favorece el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.Finalmente, el Ejército aseguró que mantiene presencia en la zona y adelanta gestiones para restablecer el orden y lograr la liberación de los uniformados, reiterando su compromiso con la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.
En un operativo conjunto, la Fuerza Pública desmanteló, en zona rural de El Tambo, Cauca, uno de los megalaboratorios de cocaína más grandes detectados en el país en el último año. La acción fue llevada a cabo por tropas de la Tercera División del Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía.El complejo ilegal estaba bajo control del grupo armado organizado residual ‘Carlos Patiño’, al servicio del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, allí se producían hasta cuatro toneladas de cocaína mensuales, destinadas a carteles internacionales con rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.El laboratorio estaba conformado por 14 instalaciones que funcionaban como centros de procesamiento, almacenamiento y cristalización de la droga. Durante la operación se incautaron 1,1 toneladas de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, tres toneladas líquidas en suspensión y 14 kilogramos de base de coca.Además, fueron decomisados más de 5.000 galones de insumos químicos, maquinaria y equipos de alto valor utilizados para el funcionamiento de este complejo criminal. El golpe, según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X, representa pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos para las finanzas de la estructura ilegal.El jefe de cartera también aseguró que este complejo abastecía de manera directa las finanzas de alias ‘Iván Mordisco’, permitiendo la articulación con carteles de narcotráfico internacionales. “Cada laboratorio destruido es menos droga en las calles y menos recursos para sostener la violencia de los grupos armados”, escribió.Por su parte, el Ejército resaltó que el operativo no solo afecta la producción, sino también la cadena logística del narcotráfico, pues desde esta infraestructura se coordinaba el envío de cocaína hacia diferentes puertos del Pacífico colombiano, con destino al exterior.El hallazgo y posterior destrucción del laboratorio se dio en el marco de labores de inteligencia coordinadas dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, diseñado para desarticular economías ilícitas en el sur del país.Con este golpe, las autoridades aseguran que se debilita significativamente la capacidad de producción y exportación del GAO-r ‘Carlos Patiño’, uno de los bastiones de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló este martes que las 35 personas capturadas en el operativo de rescate de 57 militares secuestrados en El Tambo, Cauca, quedaron en libertad por decisión de la Fiscalía General de la Nación. En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa expresó su "profunda indignación" ante la falta de judicialización de los implicados."Eso genera indignación. Nuestros hombres estuvieron en peligro, en riesgo. Fueron transportados por zonas dominadas por estructuras criminales y hoy no hay nadie en la cárcel por eso", sentenció el ministro.El secuestro ocurrió a manos de la estructura Carlos Patiño, uno de los grupos más violentos de las disidencias de las FARC comandadas por alias 'Iván Mordisco'. La operación de rescate se llevó a cabo sin disparar una sola bala, según explicó Sánchez, debido al uso de escudos humanos por parte de los captores.La operación del pasado lunes fue presentada por el Gobierno como un éxito táctico: 57 militares liberados sin bajas ni enfrentamientos armados, y 35 capturados. De estos, 16 fueron vinculados formalmente al proceso judicial. Sin embargo, la misma noche del rescate, la Fiscalía determinó que no existían los méritos suficientes para imputarles cargos por secuestro extorsivo, delito que podría representar hasta 40 años de prisión.“La Fiscalía es quien debe hablar al respecto, pero sí genera impotencia. Esto no puede ser interpretado como una señal de impunidad”, puntualizó el general Sánchez.El ministro explicó que el accionar de los grupos armados ilegales en el departamento del Cauca ha cambiado debido a la pérdida territorial que han sufrido. Según su análisis, las amenazas a campesinos con minas antipersonales y desplazamiento forzado responden al avance de la Fuerza Pública y la inversión social.“Lo que vemos no es una muestra de fortaleza, sino de desesperación. Están optando por la asimetría para neutralizar nuestras operaciones militares”, afirmó.Sánchez también destacó que el control institucional ha traído consigo una mejora en las condiciones de seguridad en municipios como Argelia y El Tambo, donde el homicidio se redujo en un 26%, el desplazamiento forzado en un 74% y la extorsión y el hurto cayeron considerablemente.El papel de los Gripen suecos en la estrategia militarConsultado sobre el futuro de la estrategia de defensa aérea, Sánchez confirmó que la adquisición de aeronaves Gripen, fabricadas por el consorcio sueco Saab, será parte del fortalecimiento militar, aunque no la solución total al conflicto en regiones como el cañón del Micay."Este es un problema retorcido, un wicked problem con múltiples actores. La solución es 30% militar y 70% de acción unificada con inversión social", aclaró el ministro.Las aeronaves Gripen estarán presentes en la Feria Aeronáutica de Rionegro en julio de este año y se espera que su uso mejore la capacidad operativa en zonas de difícil acceso, aunque, como lo indicó Sánchez, la solución de fondo debe incluir el abandono de economías ilegales y el fortalecimiento del Estado en los territorios.“Esto no nos va a doblegar. Seguiremos avanzando, incluso si algunos fallan en su deber judicial”, concluyó el general Pedro Sánchez.
El soldado Braulio Guacales, uno de los 57 militares secuestrados durante más de 80 horas en El Tambo, Cauca, relató que, aunque no fueron agredidos físicamente, vivieron una experiencia que describe como una tortura psicológica. Según su testimonio, fueron rodeados por más de 200 personas que, entre burlas y presión, lograron dividir y aislar al pelotón sin necesidad de usar armas de fuego.“Nos miraban, unos con rabia, otros con pena, y muchos se reían. Fue como si pisotearan nuestro orgullo militar”, contó el soldado en entrevista con Mañanas Blu. Aseguró que nunca vio armas, pero la presión de la multitud fue suficiente para obligarlos a permanecer inmóviles y permitir su traslado en camiones entre distintos puntos del municipio. Agradeció al Ejército por el operativo que permitió su liberación y destacó el profesionalismo de sus compañeros.En la misma conversación radial, el general Érick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, explicó que los secuestradores no fueron combatientes armados sino integrantes de la comunidad que actuaron bajo presión y órdenes de la estructura criminal Carlos Patiño. “La población civil fue instrumentalizada. No había presencia visible de armados, pero eso no significa que no haya control criminal. En esas zonas, donde toda la economía gira en torno a la coca, los grupos ilegales dominan todo el entorno”, afirmó.Rodríguez insistió en que no se trató de una “retención”, sino de un secuestro, y aseguró que ya se instauraron las denuncias correspondientes. Además, explicó que el detonante de los hechos fue la captura, por parte de los militares, de un presunto integrante de esa estructura criminal. “Fue un acto planeado. La comunidad llegó en camionetas, rodeó a nuestros hombres y, aprovechando la presión social y el temor de la población, ejecutaron el secuestro”, dijo.Sobre la reacción de los soldados, el general defendió que no usaran sus armas: “Nuestros hombres respetan los derechos humanos. No vamos a disparar contra civiles”. También destacó que el Ejército mantendrá su presencia en el cañón del Micay pese a las amenazas, con el objetivo de recuperar el control estatal de una zona históricamente dominada por el narcotráfico y la minería ilegal.Finalmente, el general Rodríguez hizo un llamado al país: “No podemos permitir que se normalicen estos actos. Lo que ocurrió fue un secuestro, y la instrumentalización de la población civil por parte de estructuras armadas debe ser rechazada por todos los colombianos”.
La Selección Colombia femenina comenzó con victoria su participación en el Mundial Sub 20 tras imponerse 3-1 sobre Costa Rica, en un partido en el que tuvo oportunidades para conseguir una diferencia mayor. Una de las situaciones que generó curiosidad fue la decisión sobre quién ejecutaría el segundo penalti a favor de la tricolor, luego de que Juana Ortegón asumiera el cobro en lugar de Viáfara.De acuerdo con la información del periodista Simón Betancur en Blog Deportivo, la elección de la ejecutora no estaba definida previamente para toda la competencia. La determinación se tomó en el momento del partido, dependiendo de quién se sintiera con mayor confianza para asumir la responsabilidad desde el punto penal.La situación se presentó después de que le cometieran una falta dentro del área a Valery Novoa. Según explicó el periodista que se encuentra en Polonia acompañando a la selección, Juana Ortegón se acercó a la jugadora para preguntarle cómo se encontraba y, posteriormente, manifestó su intención de cobrar el penalti."Juana Ortegón se acerca a preguntarle cómo está, y ella misma es la que pega el grito y le dice a Luisa (Agudelo) que ella quiere cobrar", explicó el periodista del Gol Caracol. De esta manera, se produjo una conversación entre la jugadora y el cuerpo técnico para definir quién asumiría el cobro.La explicación también permitió conocer que Ortegón contaba con antecedentes como ejecutora. La futbolista ya había cobrado penaltis durante el Mundial Sub-17 y los Sudamericanos, además de haber trabajado este aspecto desde su etapa en el Deportivo Cali."Juana se sentía con la confianza, con la seguridad de cobrar", señaló el periodista al explicar la determinación. Así las cosas, la decisión no respondió a que Viáfara hubiera perdido el respaldo del equipo, sino a que en ese momento Ortegón levantó la mano y manifestó sentirse preparada para ejecutar.Aunque Ortegón no pudo convertir el segundo penalti, Colombia consiguió quedarse con los tres puntos y comenzó de buena manera su camino en el torneo. Ahora, el equipo dirigido por Carlos Paniagua tendrá un reto de mayor exigencia frente a Portugal, vigente campeona de Europa, el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 de la mañana.
El presidente Abelardo De La Espriella entregó este lunes el balance oficial de su reunión con empresarios y autoridades del Chocó, en la que anunció la puesta en marcha de su ‘Plan Marshall’ para atender las problemáticas sociales y económicas de la región.Durante el encuentro, el jefe de Estado señaló que la estrategia integral estará orientada a enfrentar los grandes rezagos del departamento. Para ello, planteó la ejecución de un programa coordinado por cada uno de los ministerios que hacen parte de su gabinete.El nombre escogido para esta iniciativa hace referencia a un programa histórico impulsado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque oficialmente recibió otra denominación, con el paso del tiempo fue conocido como Plan Marshall.¿Qué es el Plan Marshall?El Plan Marshall, cuyo nombre formal fue Programa de Recuperación Europeo, fue un programa patrocinado por Estados Unidos después del final de la Segunda Guerra Mundial.Su propósito fue contribuir a la rehabilitación de las economías de Europa occidental, en un periodo marcado por las consecuencias del conflicto.Además de la recuperación económica, el programa buscaba crear condiciones estables para las instituciones democráticas de Europa occidental.Por eso, la expresión Plan Marshall quedó relacionada con una iniciativa de recuperación económica promovida por Estados Unidos después de la guerra.¿Por qué se llama Plan Marshall?El término está vinculado con George C. Marshall, quien ocupaba el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos cuando fue impulsada la idea del programa.La iniciativa fue promovida por Marshall y, aunque su nombre oficial era Programa de Recuperación Europeo, terminó siendo identificada públicamente como Plan Marshall.
Un total de 66 módulos, ofertas de dinero y dudas: la disputa de los venteros por evento privado en estadio de Medellín. Los venteros se manifestarán este lunes en La Alpujarra para exigir respuestas sobre los módulos que serían intervenidos por el evento.La disputa por los módulos de los venteros del estadio Atanasio Girardot llegará este lunes a las inmediaciones de La Alpujarra, donde comerciantes tienen prevista una manifestación para exigir respuestas a la Alcaldía de Medellín sobre lo que ocurrirá con sus negocios ante la realización de EDC Colombia.El festival de música electrónica está programado para el 10 y 11 de octubre. Mientras algunos vendedores denuncian incertidumbre por la posible demolición de 66 módulos y cuestionan las negociaciones adelantadas para permitir el evento, otro grupo asegura que los espacios de diálogo con el Distrito y el organizador les dieron tranquilidad sobre el futuro de sus negocios.Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), que acompaña jurídicamente a 41 vendedores, trabajadores de Páramo Presenta les informaron que, para el montaje, se requiere intervenir módulos ubicados en el sector de las canchas Marte 1 y Marte 2.El IPC asegura que algunos vendedores habrían recibido inicialmente ofertas de $3 millones para aceptar la demolición y el cierre temporal de sus módulos, cifra que posteriormente habría aumentado. Eduardo Pamplona, uno de los líderes y quien vende artículos deportivos desde 1990 allí, afirmó que, en reuniones posteriores, se habló de $15 millones y de la entrega de módulos prefabricados una vez terminara el evento, conversaciones que en su criterio no debería adelantar un privado, teniendo en cuenta que quienes están allí tienen un contrato del año 2010 con la Subsecetaría de Espacio público, además de que algunos están allí desde hace 50 años.“El mismo alcalde cuando lanzó el proyecto MUDA nos dio el calificativo de que éramos venteros históricos. Y ahora, como venteros históricos nos quieren sacar, debido a errores y problemas que han habido entre nosotros mismos, pero, por la falta de acompañamiento de la alcaldía, de la subsecretaría de espacio público y de seguridad y convivencia que ahora maneja este caso también”, aseguró.Para Xiomara Mendoza, investigadora y abogada del IPC, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero se ofrece, sino en las condiciones que tendrían que aceptar los comerciantes y qué pasará con su derecho al trabajo después del evento.El IPC también reclama información sobre el proyecto de modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, MUDAG. Ante la falta de una respuesta que consideran completa a un derecho de petición presentado entre junio y julio, estudian acudir a una acción de tutela.“Cuando preguntamos por qué un privado está adelantando esas negociaciones, por qué se está diciendo que se van a tumbar, incluso, módulos que son bienes públicos del Distrito que han sido ocupados desde hace más de 30 años por estas personas, digamos que la pregunta sigue latente. ¿Qué tanto tiene que ver esto con el proyecto MODAD?, Porque sí es una pregunta que está que ellos hacen de forma muy suspicaz”, aseveró.Desde la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, aclararon que están al frente únicamente del proyecto de modernización y que, para el caso específico de EDC Colombia, el encargado es el privado.En contraste, la Red de Venteros del Estadio, que reúne a cerca de 170 comerciantes, aseguró que los espacios de diálogo con el Distrito y Páramo Presenta les permitieron conocer las condiciones del evento y manifestaron estar más tranquilos.Confían en que, una vez termine EDC Colombia, podrán regresar a sus negocios y continuar trabajando.
Autoridades investigan explosión que afectó viviendas y un entable minero entre Segovia y el sur de Bolívar. Aunque no hubo heridos, la preocupación de las comunidades son latentes.En el Nordeste antioqueño los habitantes de las veredas Mina Nueva y El Paraíso, en zona rural entre Antioquia y Bolívar, denunciaron la caída y detonación de un artefacto explosivo que generó daños en viviendas y estructuras utilizadas para actividades mineras.El hecho provocó preocupación entre las comunidades, debido a que el artefacto habría caído aproximadamente a 50 metros de varias viviendas, en inmediaciones del sector conocido como barrio Chino.Según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana- la onda expansiva alcanzó una vivienda y un entable minero artesanal, lo que provocó un gigantes cráter en inmediaciones del Nordeste antioqueño.Aunque no se reportaron personas heridas, los residentes manifestaron temor por la cercanía del artefacto con las zonas habitadas y por ello la comunidad pidió a las autoridades investigar el origen del explosivo y establecer quién estaría detrás de la detonación.Una de las hipótesis planteadas por líderes comunitarios apunta a que el artefacto pudo haber sido lanzado desde una instalación militar cercana. Sin embargo, el Ejército Nacional negó esta versión de manera inmediata.Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar qué ocurrió, establecer el origen del artefacto y esclarecer las responsabilidades, por lo que el caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes.
En medio de las alertas que hay en todo el departamento por el Fenómeno de El Niño, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Carepa suspendió desde el pasado 4 de septiembre la atención de emergencias en el municipio, debido a la falta de recursos económicos.La decisión fue anunciada luego de que el organismo de socorro llegara al límite de su presupuesto y agotara los recursos propios con los que venía atendiendo las diferentes situaciones que requieren la presencia de los bomberos.Rosney Fabra, comandante del Cuerpo de Bomberos de Carepa, dio a conocer la medida que genera preocupación entre los habitantes, ante el riesgo de que ocurra una emergencia que requiera una respuesta inmediata."De acuerdo con los impedimentos financieros, por falta de recursos para prestar el servicio público esencial, el personal de bomberos de la institución no podrá continuar con la prestación del servicio bomberil. Los servicios de emergencia realizados hasta la fecha han sido atendidos en su mayoría con recursos propios de la institución", expresó Fabra.El jefe de los socorristas manifestó su disposición para buscar un acuerdo con la Administración Municipal que permita reactivar la atención de emergencias en el Urabá antioqueño.Fabra también pidióa la comunidad y, especialmente, a los comerciantes del municipio, para que comprendan la situación económica que atraviesa la institución y puedan brindar apoyo mientras se buscan soluciones.