En desarrollo de operaciones militares en el suroccidente del país, tropas del Ejército lograron ubicar y neutralizar 30 artefactos explosivos en zona rural del municipio de El Tambo, evitando lo que sería una posible acción terrorista en esta región.El hallazgo se produjo en el sector de la parte alta del Filo, en el corregimiento de La Emboscada, durante el avance de unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4. En el lugar fueron encontrados 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO).De acuerdo con información preliminar, el material pertenecería a la Compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, grupo armado organizado residual que delinque en esta zona y que estaría bajo la órbita de Iván Mordisco.Las autoridades señalaron que estos explosivos habrían sido instalados para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y generar afectaciones a la población civil, en un corredor estratégico donde estas estructuras ilegales mantienen presencia.Tras asegurar el área, las tropas activaron los protocolos de seguridad y coordinaron la intervención de equipos especializados en explosivos, que adelantarán la destrucción controlada del material. Paralelamente, se dio aviso a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos hombres señalados de participar en tres asonadas ocurridas en marzo, junio y septiembre de 2025 en Argelia y El Tambo, Cauca, en hechos que dejaron retenidos a policías y militares que adelantaban operaciones en la zona.El primer episodio se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo ocurrió en junio del mismo año, cuando 57 militares fueron llevados a la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en El Tambo. El tercer caso se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos por civiles.De acuerdo con la Fiscalía, Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a habitantes de la zona para retener ilegalmente a integrantes de la fuerza pública que cumplían actividades operacionales.Según explicó el fiscal del caso, estos hechos estarían relacionados con intereses económicos ilegales en la región. “Al ejercer el control en la zona, siguen generando el cobro o el mal llamado cobro del gramaje, que es el impuesto, como ellos mal lo denominan, para que todos los cultivadores de sustancias a base de hoja de coca le paguen a la estructura criminal (…) Ellos obtienen las finanzas, el lucro criminal, producto del narcotráfico”, afirmó.El funcionario agregó que no se puede generalizar la responsabilidad sobre toda la población del Cañón del Micay: “No podemos criminalizar a toda una población, sino algunas personas que se dedican a esa acción criminal (…) continúan pagándole el tributo, mal llamado tributo, a esas estructuras criminales y también mantener el control sobre las explotaciones mineras ilegales que se efectúan en esa zona del departamento. Entonces, esto es un convenio que tiene beneficios para la estructura criminal”.La investigación señala que los dos procesados habrían cumplido roles de dirección, coordinación y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio y sostener diálogos con entidades estatales con el fin de obtener concesiones para la estructura armada ilegal y así concretar las liberaciones.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El Ejército confirmó que mediante operación militar aérea, fueron liberados los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los militares fueron extraídos de la zona en helicóptero."El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos", se lee en el mensaje.En entrevista con Blu Radio, un soldado que ha sido secuestrado en dos ocasiones en el Cañón del Micay, describió la situación vivida por las tropas:“Éramos 75 ahí rodeados por ellos, pero un grupo nos salimos de ese cerco y después fuimos evacuados en helicóptero. Si no, seríamos 75 los secuestrados y no 45. Aun así, es impotente ver a tantos uniformados secuestrados en una caseta sin poder hacer nada”, relató.El militar aseguró que dentro de la tropa existe un sentimiento de frustración: “Nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy laxa y permisiva”.También advirtió sobre el riesgo de que una situación como la vivida en El Tambo derive en hechos mayores: “¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? (…) Miren al señor teniente en el Putumayo, lo intentaron quemar vivo. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme?”, cuestionó.
Un grave hecho de orden público se registró este domingo 7 de septiembre en el departamento del Cauca. En la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, 72 militares que adelantaban operaciones fueron retenidos en medio de una asonada.Entre los uniformados se encontraban 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados profesionales, quienes fueron interceptados por más de 600 civiles con el propósito de impedir el desarrollo de la Operación Perseo II, desplegada en el Cañón del Micay. Según las autoridades, la población habría sido instrumentalizada por la estructura criminal Carlos Patiño, disidencia de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.En medio de la crisis, autoridades y organismos humanitarios iniciaron contacto con líderes comunitarios de la zona, entre ellos Edward Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal, para mediar y lograr la liberación de los militares.Comunicado del Ejército NacionalEl Comando de la Tercera División del Ejército confirmó que durante la tarde del 7 de septiembre, cerca de 600 personas, presuntamente en coordinación con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de tropas en la vereda Los Tigres.La institución reportó que 45 militares permanecen retenidos bajo la modalidad de secuestro, aunque inicialmente se informó que el número ascendía a 72. El Ejército advirtió que estos hechos configuran graves delitos, como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.Asimismo, anunció que interpondrá las denuncias correspondientes y exhortó a la comunidad a entregar información que permita identificar y judicializar a los responsables.La Tercera División rechazó categóricamente el constreñimiento de la población civil y pidió a los organismos internacionales de derechos humanos pronunciarse frente a esta acción, que favorece el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.Finalmente, el Ejército aseguró que mantiene presencia en la zona y adelanta gestiones para restablecer el orden y lograr la liberación de los uniformados, reiterando su compromiso con la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.
En un operativo conjunto, la Fuerza Pública desmanteló, en zona rural de El Tambo, Cauca, uno de los megalaboratorios de cocaína más grandes detectados en el país en el último año. La acción fue llevada a cabo por tropas de la Tercera División del Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía.El complejo ilegal estaba bajo control del grupo armado organizado residual ‘Carlos Patiño’, al servicio del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, allí se producían hasta cuatro toneladas de cocaína mensuales, destinadas a carteles internacionales con rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.El laboratorio estaba conformado por 14 instalaciones que funcionaban como centros de procesamiento, almacenamiento y cristalización de la droga. Durante la operación se incautaron 1,1 toneladas de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, tres toneladas líquidas en suspensión y 14 kilogramos de base de coca.Además, fueron decomisados más de 5.000 galones de insumos químicos, maquinaria y equipos de alto valor utilizados para el funcionamiento de este complejo criminal. El golpe, según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X, representa pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos para las finanzas de la estructura ilegal.El jefe de cartera también aseguró que este complejo abastecía de manera directa las finanzas de alias ‘Iván Mordisco’, permitiendo la articulación con carteles de narcotráfico internacionales. “Cada laboratorio destruido es menos droga en las calles y menos recursos para sostener la violencia de los grupos armados”, escribió.Por su parte, el Ejército resaltó que el operativo no solo afecta la producción, sino también la cadena logística del narcotráfico, pues desde esta infraestructura se coordinaba el envío de cocaína hacia diferentes puertos del Pacífico colombiano, con destino al exterior.El hallazgo y posterior destrucción del laboratorio se dio en el marco de labores de inteligencia coordinadas dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, diseñado para desarticular economías ilícitas en el sur del país.Con este golpe, las autoridades aseguran que se debilita significativamente la capacidad de producción y exportación del GAO-r ‘Carlos Patiño’, uno de los bastiones de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló este martes que las 35 personas capturadas en el operativo de rescate de 57 militares secuestrados en El Tambo, Cauca, quedaron en libertad por decisión de la Fiscalía General de la Nación. En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa expresó su "profunda indignación" ante la falta de judicialización de los implicados."Eso genera indignación. Nuestros hombres estuvieron en peligro, en riesgo. Fueron transportados por zonas dominadas por estructuras criminales y hoy no hay nadie en la cárcel por eso", sentenció el ministro.El secuestro ocurrió a manos de la estructura Carlos Patiño, uno de los grupos más violentos de las disidencias de las FARC comandadas por alias 'Iván Mordisco'. La operación de rescate se llevó a cabo sin disparar una sola bala, según explicó Sánchez, debido al uso de escudos humanos por parte de los captores.La operación del pasado lunes fue presentada por el Gobierno como un éxito táctico: 57 militares liberados sin bajas ni enfrentamientos armados, y 35 capturados. De estos, 16 fueron vinculados formalmente al proceso judicial. Sin embargo, la misma noche del rescate, la Fiscalía determinó que no existían los méritos suficientes para imputarles cargos por secuestro extorsivo, delito que podría representar hasta 40 años de prisión.“La Fiscalía es quien debe hablar al respecto, pero sí genera impotencia. Esto no puede ser interpretado como una señal de impunidad”, puntualizó el general Sánchez.El ministro explicó que el accionar de los grupos armados ilegales en el departamento del Cauca ha cambiado debido a la pérdida territorial que han sufrido. Según su análisis, las amenazas a campesinos con minas antipersonales y desplazamiento forzado responden al avance de la Fuerza Pública y la inversión social.“Lo que vemos no es una muestra de fortaleza, sino de desesperación. Están optando por la asimetría para neutralizar nuestras operaciones militares”, afirmó.Sánchez también destacó que el control institucional ha traído consigo una mejora en las condiciones de seguridad en municipios como Argelia y El Tambo, donde el homicidio se redujo en un 26%, el desplazamiento forzado en un 74% y la extorsión y el hurto cayeron considerablemente.El papel de los Gripen suecos en la estrategia militarConsultado sobre el futuro de la estrategia de defensa aérea, Sánchez confirmó que la adquisición de aeronaves Gripen, fabricadas por el consorcio sueco Saab, será parte del fortalecimiento militar, aunque no la solución total al conflicto en regiones como el cañón del Micay."Este es un problema retorcido, un wicked problem con múltiples actores. La solución es 30% militar y 70% de acción unificada con inversión social", aclaró el ministro.Las aeronaves Gripen estarán presentes en la Feria Aeronáutica de Rionegro en julio de este año y se espera que su uso mejore la capacidad operativa en zonas de difícil acceso, aunque, como lo indicó Sánchez, la solución de fondo debe incluir el abandono de economías ilegales y el fortalecimiento del Estado en los territorios.“Esto no nos va a doblegar. Seguiremos avanzando, incluso si algunos fallan en su deber judicial”, concluyó el general Pedro Sánchez.
El soldado Braulio Guacales, uno de los 57 militares secuestrados durante más de 80 horas en El Tambo, Cauca, relató que, aunque no fueron agredidos físicamente, vivieron una experiencia que describe como una tortura psicológica. Según su testimonio, fueron rodeados por más de 200 personas que, entre burlas y presión, lograron dividir y aislar al pelotón sin necesidad de usar armas de fuego.“Nos miraban, unos con rabia, otros con pena, y muchos se reían. Fue como si pisotearan nuestro orgullo militar”, contó el soldado en entrevista con Mañanas Blu. Aseguró que nunca vio armas, pero la presión de la multitud fue suficiente para obligarlos a permanecer inmóviles y permitir su traslado en camiones entre distintos puntos del municipio. Agradeció al Ejército por el operativo que permitió su liberación y destacó el profesionalismo de sus compañeros.En la misma conversación radial, el general Érick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, explicó que los secuestradores no fueron combatientes armados sino integrantes de la comunidad que actuaron bajo presión y órdenes de la estructura criminal Carlos Patiño. “La población civil fue instrumentalizada. No había presencia visible de armados, pero eso no significa que no haya control criminal. En esas zonas, donde toda la economía gira en torno a la coca, los grupos ilegales dominan todo el entorno”, afirmó.Rodríguez insistió en que no se trató de una “retención”, sino de un secuestro, y aseguró que ya se instauraron las denuncias correspondientes. Además, explicó que el detonante de los hechos fue la captura, por parte de los militares, de un presunto integrante de esa estructura criminal. “Fue un acto planeado. La comunidad llegó en camionetas, rodeó a nuestros hombres y, aprovechando la presión social y el temor de la población, ejecutaron el secuestro”, dijo.Sobre la reacción de los soldados, el general defendió que no usaran sus armas: “Nuestros hombres respetan los derechos humanos. No vamos a disparar contra civiles”. También destacó que el Ejército mantendrá su presencia en el cañón del Micay pese a las amenazas, con el objetivo de recuperar el control estatal de una zona históricamente dominada por el narcotráfico y la minería ilegal.Finalmente, el general Rodríguez hizo un llamado al país: “No podemos permitir que se normalicen estos actos. Lo que ocurrió fue un secuestro, y la instrumentalización de la población civil por parte de estructuras armadas debe ser rechazada por todos los colombianos”.
En la tarde de este jueves, miembros de un grupo armado ilegal en el departamento del Cauca atacaron con fusiles un helicóptero de la Policía que sobrevolaba el municipio de El Tambo. Con ráfaga de fusil, pretendían derribar la aeronave que movilizaba una alta suma de dinero. "Se presenta este hostigamiento, donde, al parecer, su intención era hurtar el helicóptero que transporta el dinero del Banco Agrario. En el lugar habían tropas del Ejército que también respondieron al ataque y, afortunadamente, no se concretó algún daño", señaló Luis Vergara, personero de El Tambo.El piloto de esta aeronave logró esquivar las ráfagas y regresar a la ciudad de Popayán, sin alguna afectación a los ocupantes de la misma. Este hecho se suma a la ola de hostigamientos que ha vivido el departamento del Cauca recientemente, donde en sitios como Suárez y Caloto, tanto la Policía como el Ejército, fueron blanco de ataques con explosivos ataques con explosivos por parte de las disidencias de las Farc.
Recientemente, tropas del Ejército frustraron un ataque terrorista contra una subestación de Policía por parte de las disidencias de las Farc de la estructura Carlos Patiño, en zona rural del municipio de El Tambo, departamento del Cauca.De acuerdo con las autoridades, fue por la reacción de las tropas que se logró contrarrestar el ataque que pretendían cometer miembros de esta estructura residual en contra de la subestación de Policía del corregimiento de Pandiguando, zona rural de El Tambo. Luego de fuertes enfrentamientos contra la fuerza pública, los delincuentes emprendieron la huida.Tras labores de verificación por parte de soldados del Ejército en la zona, se logró la incautación de un total de 480 cartuchos, 10 proveedores, un fusil y una pistola, elementos que serían utilizados por parte de los criminales en la zona para atentar contra las instalaciones policiales.“La unidad se reposiciona en el terreno y continúa desarrollando tareas de reconocimiento que permitan afectar a este grupo ilegal”, agregó el Ejército, luego de frustrar el ataque terrorista por parte de las disidencias de las Farc contra la subestación de Policía del corregimiento ubicado en el municipio de El Tambo, Cauca.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el inicio de un ambicioso plan de recuperación de la malla vial con el que busca intervenir vías que, según el Distrito, llevaban más de 40 años sin recibir mantenimiento.El proyecto contempla una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para pavimentar huecos considerados “trampas mortales” por conductores y motociclistas, además de mejorar la señalización en importantes corredores viales de la ciudad.El alcalde Cristian Portilla aseguró que las obras se ejecutarán en diferentes barrios y comunas, con jornadas de trabajo tanto de día como de noche para acelerar la recuperación de las calles.“Son más de 20 mil millones de pesos que la ciudad va a recibir recuperando vías que hace más de 40 años no se intervenían. Vamos a tapar huecos en sectores donde nunca se habían realizado trabajos con el fin de recuperar la malla vial en el tiempo que nos hemos programado”, señaló el mandatario.El alcalde también pidió paciencia a la ciudadanía por las posibles afectaciones en movilidad mientras avanzan las obras.“Queremos recuperar la malla vial y avanzar para que Bucaramanga vuelva a ser bonita otra vez”, añadió.Uno de los puntos priorizados es la carrera 33, donde ya comenzaron trabajos de renovación de señalización vial en varias intersecciones.Según informó la Administración Municipal, las labores incluyen pintura y reforzamiento de marcas sobre la vía para mejorar la visibilidad y aumentar la seguridad tanto de conductores como de peatones que transitan diariamente por este corredor.La Alcaldía destacó que una señalización clara puede ayudar a prevenir accidentes y reducir riesgos en puntos críticos de movilidad.Las autoridades indicaron que el cronograma de intervenciones continuará en distintos sectores de Bucaramanga durante las próximas semanas, priorizando las vías con mayor deterioro y flujo vehicular.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, insistiendo en que es un comportamiento que no debería replicar ni él ni los otros funcionarios de su Gobierno.“Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, dijo Marín.Las declaraciones fueron entregadas durante la Comisión de Seguimiento Electoral adelantada en Cartagena, donde la defensora detalló los cuatro riesgos que persisten de cara a la primera vuelta presidencial. La preocupación, insiste, está en algunos municipios donde ha empeorado la situación.“La interferencia de grupos armados, infortunadamente, ha venido empeorando la situación de riesgo en varios municipios del país. Segundo, la conducta de las propias candidaturas: alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”, explicó Marín.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que mantienen los esquemas de seguridad y el despliegue de la Fuerza Pública para mitigar cualquier riesgo en materia de orden público.“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, equipos antidrones, Fuerza Pública, hombres y mujeres están desplegados en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Se han priorizado Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, contó Sánchez.
En Cartagena se realizó este lunes la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral antes de la primera vuelta presidencial, con la participación de partidos políticos, autoridades electorales, el Gobierno y organismos de control. La jornada estuvo marcada por las alertas de seguridad expuestas por la Misión de Observación Electoral, las denuncias sobre participación en política y los llamados a garantizar neutralidad institucional durante el proceso.Durante la comisión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la fuerza pública mantiene un despliegue especial en las zonas donde se han identificado mayores riesgos para la seguridad.“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, antidrones, fuerza pública, hombres y mujeres están desplegadas en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos, y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Los sitios que hemos priorizado han sido Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, afirmó.El jefe de la cartera de Defensa también respondió a los cuestionamientos que han surgido en medio de las denuncias por violencia electoral y aseguró que la fuerza pública “no está desmoralizada” ni tiene “las manos amarradas”. Además, hizo un llamado directo a los sectores políticos para evitar usar a las instituciones armadas dentro de la disputa electoral. “Una de las peticiones que también hacemos a todos los partidos es que no instrumentalicen a la Fuerza Pública para hacer sus campañas”.La comisión también estuvo marcada por los cuestionamientos alrededor de la participación en política del Gobierno. La candidata presidencial Claudia López anunció denuncias ante la Comisión de Acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que existen faltas de garantías democráticas por presunta intervención del mandatario en la campaña electoral.En esa misma línea, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un fuerte llamado al Ejecutivo para mantener la neutralidad.“Es un llamado al presidente y a todo el Gobierno Nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de gobierno”, afirmó.La Misión de Observación Electoral presentó un informe en el que advirtió sobre riesgos para campañas políticas y sedes electorales. Según la organización, se han registrado 63 hechos de violencia en 21 departamentos relacionados con las campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La MOE advirtió además que, debido a las restricciones para realizar eventos masivos en espacios abiertos durante la última semana de campaña, las sedes políticas adquieren mayor relevancia y requieren medidas reforzadas de seguridad.
En una operación desarrollada en el municipio de San Alberto, en el Cesar, tropas del Batallón de Infantería Capitán Antonio Ricaurte N.° 14 lograron ubicar y destruir de manera controlada un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro que, al parecer, habría sido instalado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el explosivo representaba una grave amenaza para la población civil, los activos estratégicos y los viajeros que transitan por este importante corredor vial del sur del Cesar.La operación fue posible gracias a información suministrada por la comunidad, lo que permitió que personal especializado en manejo de explosivos adelantara el procedimiento técnico correspondiente para la destrucción controlada del artefacto, neutralizando así el riesgo sobre la vía que comunica a La Esperanza, en Norte de Santander, con el sur del departamento del Cesar.Por este eje vial se movilizan diariamente vehículos de carga con destino al departamento de Santander, así como cientos de pasajeros que viajan hacia la ciudad de Bucaramanga para cumplir citas médicas y otras diligencias. Además, el sector se encuentra muy cercano a la Ruta del Sol, sector 2, considerada una conexión estratégica entre el interior del país y la costa Atlántica.
De acuerdo con un estudio realizado por Pet Food Institute (PFI), en la actualidad, entre el 60 % y 67 % de hogares colombianos tienen al menos una mascota, un fuerte crecimiento en comparación con la cifra de 48 % del 2020, demostrando cómo se han vuelto de importantes en la vida de miles de personas en el país.No solo son un apoyo emocional para algunas personas, sino que sus presencias se han vuelto fundamentales como parte del núcleo familiar por lo que ha crecido la necesidad de entender mejor sus emociones, cosa que también a nivel mundial han comenzado a buscar la forma de lograrlo.IA busca entender lo que dicen los perros y gatosUna herramienta creada con inteligencia artificial busca entender el lenguaje de perros y gatos en todo el mundo. Esta avanza en China, conocida como PettiChat, y espera que se entiendan en un 95 %, así mejorando la relación entre las personas y sus mascotas.Sin embargo, no es que vayan a hablar directamente con los humanos como si fuese la película ‘Up’, sino que se interpretarán y la IA dará mensajes de lo que tratan de decir como Déjame en paz" o un "No me gustas", para entender qué quieren y qué no.“No puedes pedirle a tu mascota que repita lo que dice, así que Pettichat escucha automáticamente y traduce en solo 1,2 segundos, sin necesidad de botones. Más rápido que tu gato tirando tu bolígrafo del escritorio. Algunas mascotas viven para la aventura: en un abrir y cerrar de ojos, salen a explorar el vecindario. Con la geolocalización de Pettichat, configura zonas seguras en la aplicación y recibe una alerta en tu teléfono cuando tu mascota se aleje demasiado”, explicaron.¿Sería la primera comunicación con mascotas?Según expertos entrevistados por Noticias Caracol, no. Dicen que la comunicación siempre ha existido en el día a día, en donde ambas partes se adaptan y comienzan a entenderse por acciones, gestos o sonidos.“Generalmente en el día a día y en la rutina diaria, los animales empiezan mostrar cuándo quieren comer, cuando quieren salir (…) Dicen que los perros saben cuándo mentimos, en especial cuando el tono de voz cambia y capaces asociar la ropa para ciertas cosas”, explicó la médica veterinaria Carolina Alaguna.