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La discusión sobre la financiación de los presupuestos máximos del sistema de salud volvió a tomar fuerza tras publicaciones en redes sociales que advertían una supuesta insuficiencia de recursos para 2026. Frente a esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió un comunicado en el que aseguró que no existe desfinanciación.
De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2025 se destinaron 11,66 billones de pesos para financiar servicios y tecnologías no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para 2026, la apropiación inicial asciende a 2,87 billones de pesos, cifra que, según la ADRES, es superior a la asignada en años anteriores al inicio de cada vigencia.
La entidad explicó que los presupuestos máximos se asignan cada enero con una partida aprobada por el Ministerio de Hacienda, luego de garantizar los recursos de la UPC. A partir del segundo mes del año se realizan adiciones presupuestales progresivas, definidas junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, hasta completar la necesidad anual.
En el comunicado se señala que en los últimos tres años no ha existido limitación presupuestal para la ejecución de estos recursos y que los giros se han realizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. También se indicó que algunos retrasos en pagos han obedecido a demoras en la postulación del mecanismo de giro directo por parte de ciertas EPS.
En medio del debate, algunas sociedades han manifestado que los recursos asignados resultan suficientes para cubrir las obligaciones previstas, siempre que se mantenga la programación de adiciones durante el año. Estas organizaciones hicieron un llamado a cumplir y acatar los fallos emitidos por la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud, en especial aquellos relacionados con la continuidad en la prestación de servicios y el suministro de tecnologías no financiadas con la UPC.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema de asignación garantiza la disponibilidad de recursos durante la vigencia y que el sistema cuenta con los mecanismos para responder a las necesidades que se presenten a lo largo del año.
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