Blu Radio conoció los recursos presentados por la Presidencia de la República y el ministerio del Interior con los cuales buscan reversar la orden delTribunal de Cundinamarcaque les ordenaba reglamentar la ley que establece la implementación de dispositivos que buscan impedir que agresores se acerquen a sus posibles víctimas.
La decisión del tribunal del pasado mes de agosto responde a una demanda del concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, en ella se ordenaba al Gobierno nacional a reglamentar el parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 2126 del 4 de agosto de 2021, que señala que “el Gobierno nacional reglamentará la utilización de los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación, los cuales deben funcionar a través de sistemas de seguimiento por medios telemáticos y expedirán los protocolos exigibles para su funcionamiento”.
Además de que han pasado dos años de aprobada la ley, ahora, el Gobierno decide no reglamentarla, a pesar de que Colombia está en situación de emergencia por violencia de género desde el momento de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
La Presidencia de la República decidió impugnar la orden asegurando no tiene la capacidad legal de impulsar políticas en forma unilateral o autónoma ni de asumir la ejecución de tareas técnicas especializadas como las que impone el desarrollo e implementación de los dispositivos de distanciamiento y alerta. Adicionalmente, le pasa la responsabilidad a los ministerios del Interior y de Justicia.
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No obstante esos dos ministerios también presentaron recursos ante el tribunal evitando acatar la orden y el Ministerio del Interior dice que es responsabilidad de el de Justicia.
“La representación legal de la Nación en cada ministerio obedece al aspecto materia de su competencia, por lo cual, el Ministerio del Interior no tiene dentro de sus competencias la de fijar o desarrollar los lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades de las comisarías de familia. Por lo tanto, este ministerio mal podría haber omitido o extralimitarse en cualquiera de las funciones que hayan propiciado el incumplimiento de la norma alegada”, señaló el ministerio.
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