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La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.
Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.
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Cabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.
Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.
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Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
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